En el año 2007 la Legislatura porteña sancionó la Ley 2.340, que establece en su artículo 57 un tope máximo para la comisión inmobiliaria. Ese monto no puede ser mayor al 4,15% del valor total del contrato, cifra que sería inferior a un mes de alquiler. Sin embargo, las inmobiliarias -actuando en complicidad con el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios y el Gobierno de la Ciudad- cobran como mínimo dos meses de comisión.
Esta ilegalidad, que pasó inadvertida durante más de siete años, empezó a divulgarse a fin del año pasado, cuando distintos actores sociales pusieron el tema en la agenda pública.
Si bien es el más paradigmático, el problema de la comisión no es el único. En la Ciudad de Buenos Aires, los inquilinos deben afrontar condiciones leoninas: para acceder a una vivienda deben pagar cuatro meses por adelantado, un mes de depósito, dos de comisión y uno de alquiler; las indexaciones –también prohibidas por ley- rondan el 30% anual o 15% semestral. Además, se pide recibo de sueldo en blanco y garantía de familiar directo en Capital Federal. Más allá de todas estas condiciones, muchos inquilinos se deben hacer cargo de los arreglos del inmueble y de pintar el departamento al finalizar el contrato.
Esta situación de desamparo que viven muchas familias está fomentada desde el Gobierno de la Ciudad, con su política de exclusión y marginación de este gran sector de la población. La presentación del programa “Alquilar se Puede”, una enorme tomadura de pelo a los inquilinos, se basa en una garantía bancaria que ninguna inmobiliaria acepta y en un préstamo que sólo sirve para que los inquilinos se endeuden y paguen la ilegalidad de los dos meses de comisión. Desde mi rol de Legislador porteño vengo trabajando en visibilizar esta problemática y en generar políticas concretas que tiendan a lograr condiciones más justas para alquilar. Sabemos que en esta ciudad somos casi un millón de inquilinos, es decir, uno de cada tres porteños sufre este abuso para acceder a una vivienda.
También sabemos que no podemos modificar las condiciones de alquiler sin enfrentarnos a los intereses de la Cámara Inmobiliaria y del Gobierno de la Ciudad, que convirtió a Buenos Aires en la capital de la especulación
inmobiliaria.
Ante la falta de datos del Gobierno de la Ciudad, lancé, en noviembrede 2014, una encuesta online de inquilinos. Fue la primera tentativa para tener cifras de este sector, ¿Quiénes son los inquilinos, dónde y cómo viven? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Cómo creen que se mejoraría la situación? Afortunadamente, la encuesta fue respondida por más de mil personas. Sobre la base de esos resultados, presenté tres propuestas legislativas: un proyecto para subsidiar a personas con discapacidad que busquen alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, otro para que las inmobiliarias coloquen carteles indicando que no pueden cobrar una comisión mayor a un mes de alquiler y finalmente, un proyecto altamente significativo, para crear una Oficina de Atención a Inquilinos que funcione en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. Este último, cuenta con la firma de 2500 vecinos, que serán entregadas al Defensor del Pueblo y a los Legisladores que forman parte de la Comisión de Vivienda.
Por otro lado, lancé una aplicación para celulares con consejos útiles para alquilar y presenté un pedido de información en la sede de CUCICBA, el organismo encargado de hacer cumplir la ley que establece un tope máximo de comisión inmobiliaria. El próximo paso, seguramente el más ambicioso de todos, es denunciar judicialmente a ese organismo.
Todo este proceso de visibilización de la problemática de los inquilinos se desarrolló en medio de un silencio absoluto de CUCICBA y de la Cámara Inmobiliaria. Sin embargo, el pedido de información presentado y, sobre todo, el anuncio del proceso judicial que vamos a comenzar contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, motivó las primeras respuestas de los acusados por esta situación. Se nota en sus escritos y en sus declaraciones el temor a perder las retribuciones de su negocio ilegal. Saben que algo se está gestando, los inquilinos se están organizando, su negocio se está dando a conocer y existen dirigentes con la voluntad política de impulsar los
reclamos del sector.
En este contexto y ante los obstáculos que debemos afrontar, convoco a los inquilinos, a las organizaciones, a los periodistas comprometidos con los intereses populares y a todos los sectores de la sociedad a sumarse a esta demanda. Los inquilinos somos muchos y los abusos que sufrimos son severos. La presión que cada uno pueda ejercer desde su lugar será trascendental en la lucha que nos convoca.