Elecciones: menos tiempo y menos plata
El costo del adelantamiento y unificación de las elecciones legislativas no sólo es político, también es económico. Si bien el sentido común indica que si se desea que un trabajo quede terminado en menos tiempo al proyectado, se debe pagar más, el Ejecutivo Nacional parece desconocer dicha premisa y asignó casi 6 millones de pesos menos que en el 2007 para la realización de los comicios. Ante esta situación y la necesidad de incrementar personal y horas laborales en el Fuero Electoral, la Justicia acordó elevar un requerimiento al Poder Ejecutivo para que "incremente la partida asignada al Poder Judicial de la Nación para la habilitación de contratos y horas extraordinarias".
Según describe la acordada firmada por los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Hernán Corcuera, Alberto Ricardo Dalla Vía y Rodolfo Emilio Munné, la partida asignada para las elecciones del 28 de junio "alcanza los doce millones de pesos", una asignación "inferior a la que fue otorgada con motivo de los últimos comicios nacionales, en cuya oportunidad se transfirieron 17.848.154", aún cuadno "el costo de las horas extras y los contratos presentan un aumento significativo".
Finalizando el pedido, los magistrados remarcaron el "desafío adicional" que representa el adelantamiento y mencionaron el control que el Poder Ejecutivo Nacional posee sobre la Justicia Electoral al no reconocer autarquía financiera a las máximas autoridades electorales, "cuestión que debería ser definitivamente revertida".
Con la unificación de las elecciones legislativas la Justicia Electoral Nacional no sólo deberá ocuparse del proceso vinculado a la votación de Diputados y Senadores Nacionales, también será autoridad de los comicios para Legisladores porteños asumiendo los costos de los mismos.
De acuerdo al cronograma electoral, el 28 de abril vence el plazo para presentación de alianzas, el 29 se podría iniciar la campaña, y el 9 de mayo culmina el plazo para el registro de candidatos. Hasta las 23:59 del sábado 9 la actividad política estará al límite; la actividad judicial continuará exigida por mucho más tiempo.
