La Ciudad adhirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal
Este jueves 23, la Legislatura porteña aprobó la norma por la cual la Ciudad de Buenos Aires adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal sancionada el 24 de agosto por el Congreso Nacional. De esta manera, la Ciudad deberá adecuar sus gastos presupuestarios a los límites que fija esta ley.
En la Ciudad, el proyecto -sancionado por 33 votos afirmativos y 8 negativos- tuvo el respaldo mayoritario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado Jorge Giorno (Partido de la Ciudad), quien aseguró que "esta norma pone de manifiesto la importancia que este gobierno asigna a la adopción de reglas macrofiscales homogéneas tanto a nivel nacional como provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, que aseguren una administración ordenada en el uso de los recursos públicos, y de transparencia de la gestión pública, que permitan prever el comportamiento fiscal prospectivo y dar a la sociedad la posibilidad de un continuo seguimiento del accionar estatal".
En tanto, la diputada kirchnerista Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria) señaló: "El objeto de esta iniciativa es establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública".
Al adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el Gobierno de la Ciudad "antes del 30 de noviembre de cada año deberá presentar ante la Legislatura las proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el trienio siguiente que deberán tener, como mínimo, las proyecciones de recursos por rubros; las proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica; el programa de inversiones del período; la proyección de la coparticipación de impuestos a Municipios; la programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales; el perfil de vencimientos de la deuda pública; los criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los resultados económicos y financieros previstos.
La norma -que fue acompañada por el ibarrismo, el macrismo, el kirchnerismo, el Partido de la Ciudad y el socialismo- establece también que "todos los niveles de Gobierno deberán ejecutar sus presupuestos preservando el equilibrio financiero. Dicho equilibrio se medirá como la diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados que incluirán los gastos corrientes netos de aquellos financiados con préstamos de organismos internacionales y los gastos de capital netos de aquellos destinados a infraestructura social básica necesaria para el desarrollo económico y social financiados con cualquier uso del crédito".
Por su parte, los diputados Fernando Melillo (ARI) y Ariel Schifrin (Confluencia) se inclinaron por el archivo del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo porteño. Melillo explicó que "en la ley se establece una restricción para el incremento del gasto primario de la Ciudad de acuerdo a parámetros de crecimiento del producto bruto interno de la Nación, estableciendo restricciones de antemano a una decisión soberana de la Legislatura, según reza el texto de la Constitución de la Ciudad. Además el artículo diez de la norma plantea una excepción inaceptable en cuanto a financiamiento de gastos con deuda pública proveniente de créditos otorgados por organismos internacionales, sin distinción de tipo de gasto o inversión, pudiendo, de esta forma, financiarse inversión no esencial o, incluso, gasto corriente".
En tanto, el Interbloque de Izquierda tampoco votó afirmativamente la iniciativa. Los legisladores que integran este interbloque afirmaron que "la lógica que sustenta la adhesión a este régimen surge de la 'artillería' teórica neoliberal de disminuir lo público respecto de lo privado, donde se observa al gasto público como una fuerza distorsiva y se intenta reducirlo a su mínima expresión. La aplicación de políticas neoliberales en nuestro país, con mayor fuerza a partir de 1976, ha devastado la riqueza nacional, producto del trabajo de millones y ha sumido en la pobreza a la mitad de la población".
Además manifestaron que "esta Ley forma parte de un nuevo capítulo de renuncia a la soberanía nacional, aceptando imposiciones motorizadas desde el FMI y mutila la posibilidad de llevar adelante políticas fiscales anticíclicas, de distribución y de generación de riqueza social. El superávit fiscal del Gobierno de la Ciudad se estima en 2000 millones a diciembre del 2005. En este marco, la aprobación de esta adhesión, significará la imposibilidad de destinar parte de estos recursos a gastos corrientes (aumento salarial, regularización de los contratados, aumento de los insumos de salud, educación, etc.) Y, de esta manera, el único destino posible será el de cubrir los intereses de deuda pública y gastos de capital".
