A la espera del veredicto

Sobre la calle Comodro Py al 2000 no llegaban a un centenar de manifestantes pero parece que fue necesario para hacer preocupar a los responsables de la seguridad en el tribunal de justicia donde se viene desarrollando hace semanas las audiencias por el juicio oral y público por los destrozos a la Legislatura ocurridos en el año 2004.

No llegaban a cuarenta las personas (entre ellas un representante de familiares de las víctimas de Cromañón) que presenciaron el juicio sobre 14 personas, en su mayoría vendedores ambulantes, dos mujeres en estado de prostitución y un transformista, en la sala de máxima seguridad, sin embargo hubo que esperar pacientemente detrás de una mesa, en dos oportunidades, que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) permitieran el ingreso. Al último y tercer control se le sumó un censor de metales o armas, como los que se utilizan en los aeropuertos, y la prohibición para los periodistas de ingresar grabadores.

Una vez en la sala el clima de tensión continuó por la falta de audio para aquellos que se encontraban del otro lado del vidrio blindado, de espalda a los fiscales, abogados defensores y acusados, y de frente al tribunal.

Superado el defecto técnico comenzó Héctor Transtemberg (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) el alegato que se dividiría en cuatro intervenciones más por parte de los distintos organismos de derechos humanos. Luego de que expusiera la defensa la presidenta del tribunal, Silvia Arauz, aseguró que la audiencia seguirá el lunes de la semana que viene a partir de las 13.

La primera defensa dio un contexto político en que se produjo el hecho que se juzga, los destrozos de la Legislatura en momentos de una concentración que rechazaba, entre otras cosas, la baja de imputabilidad para menores, "la jueza de instrucción impidió toda defensa. Los reclamos de excarcelación fueron rechazados por la jueza de instrucción, la Cámara de Apelación en lo Criminal y el Tribunal de Casación" algo que se relacionó con una decisión política no exclusivamente judicial. Y más adelante en su discurso el letrado, que antes había citado a la legisladora Beatriz Baltroc por el tema de un grupo aislado como responsables de las roturas al Palacio legislativo, "como bien dijo en su momento el ministro de Justicia que visitó a Pablo Almitrano en la cárcel 'está es una causa política'". Y añadió que la cuestión a dirimir es "quien provocó los destrozos; para nosotros lo barras, patoteros gracias a la no actuación de la policía. Porque de las fotos digitalizadas se asegura en ese informe que podrían ser algunos de los acusados". Sin embargo, es conocida la frase que "la duda a favor del reo".

La segunda intervención se concentró en que la acusación del fiscal de Cámara Nº 2, Juan Chirimoldi, que no estaba presente sí su par de instrucción Claudio Soca, como participes necesarios.

Para la defensa colectiva en ningún momento identifica el fiscal Chirimoldi que autores cometieron los daños agravados, las palabras exactas de los letrados fueron en el alegato "admiramos al fiscal que se abstuvo a la verdad al decir que nuestros defendidos no fueron los autores. Cabe preguntarse entonces si se hubieran sucedidos los hechos si nuestros defendidos no habrían estado presentes. La respuesta no necesita ser respondida". Finalizó, Luis Bonomi, la exposición con que hubo "un análisis forzados. Se sanciona a las personas por oponerse al poder".

La tercera intervención se puntualizó sobre las acusaciones de los testigos de la fiscalía. Se solicitó luego el proceso judicial para cuatro efectivos por falso testimonio.

La cuarta defensa, a cargo de Claudia Ferrero, se concentró en el caso de los imputados Eduardo Suriano, Javier Scaramella, Jorge Nieva y María del Carmen Infrán Ferreyra.

Y, la quinta intervención fue para solicitar la absolución de los ocho imputados por el cargo de daño agravado y de no contemplar la absolución la pena mínima de tres meses con acceso a un subsidio. Además se habló de juzgar a las anteriores instancias judiciales, ello en relación con la jueza de instrucción, Silvia Ramond.