Cambio en Discapacidad: un exfuncionario del Pro reemplazará a Alejandro Vilches
El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien había presentado su renuncia un día antes por “razones estrictamente personales”. El nombramiento fue comunicado por el Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, en medio de la discusión política y legislativa por los fondos destinados al área en el proyecto de Presupuesto 2027.
Di Liscia es contador público y cuenta con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal. También ocupó cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que la nueva gestión tendrá entre sus principales objetivos “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”. Además, Di Liscia continuará con la auditoría de las pensiones por invalidez laboral, un proceso iniciado por el Gobierno para revisar el funcionamiento del sistema y detectar posibles irregularidades.
La designación también quedó vinculada al ministro de Economía, Luis Caputo, quien habría recomendado a Di Liscia para ocupar el cargo. Desde el oficialismo destacaron su perfil técnico y su experiencia en la conducción de organismos y administración de presupuestos. “Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, señalaron fuentes oficiales al explicar su incorporación.
El recambio se da mientras el Gobierno negocia modificaciones al esquema previsto para discapacidad dentro del Presupuesto 2027 y busca avanzar con una reorganización administrativa del área. La política de discapacidad abarca, además de las prestaciones sanitarias, cuestiones vinculadas con educación, transporte, accesibilidad, empleo y protección social, por lo que las decisiones requieren la articulación de diferentes organismos estatales.
