Caso ANDIS: la expareja de Cerimedo lo acusa de filtrar los audios
La causa judicial vinculada al escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo luego de que una expareja de Fernando Cerimedo señalara al consultor político como la persona que habría filtrado los audios que dieron origen a la investigación. La acusación fue incorporada a un expediente que ya tiene múltiples derivaciones judiciales y políticas por el impacto que tuvieron las grabaciones difundidas durante 2025.
Según trascendió, la mujer declaró ante la Justicia luego de ser atacada por sicarios y aseguró que Cerimedo tuvo participación directa en la circulación del material sonoro atribuido a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS. Su testimonio contradice la postura que el consultor sostuvo públicamente durante la investigación, en la que negó haber sido el responsable de la difusión de los registros que terminaron desencadenando allanamientos, peritajes y una causa por presunta corrupción.
Los audios en cuestión expusieron conversaciones en las que se mencionaba un supuesto esquema de retornos y sobornos vinculados a compras de medicamentos destinadas al área de discapacidad. A partir de esa revelación, la Justicia federal abrió una investigación que alcanzó a exfuncionarios, intermediarios y empresarios relacionados con contrataciones del organismo.
Cerimedo se convirtió en una figura relevante dentro del expediente luego de declarar como testigo y ratificar ante la Justicia la autenticidad de aspectos centrales de las conversaciones atribuidas a Spagnuolo. Su participación fue considerada clave por los investigadores debido a que aseguró haber mantenido conversaciones previas con el entonces funcionario sobre las maniobras que posteriormente quedaron reflejadas en las grabaciones.
La nueva acusación podría derivar en medidas adicionales para determinar cuál fue el recorrido de los audios antes de hacerse públicos y quiénes participaron en su obtención y difusión. La trazabilidad del material es uno de los puntos que la Justicia busca reconstruir para establecer eventuales responsabilidades penales vinculadas a la filtración.
