Legisladores impulsan el traspaso del puerto a la Ciudad

La Ciudad le reclama desde hace tiempo a la Nación el traspaso del puerto de Buenos Aires. Con la idea de impulsar un convenio que haga realidad este objetivo, la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura visitó el lunes pasado sus instalaciones.

Este cuerpo, que está presidido por el diputado justicialista Jorge Argüello e integrado por Ricardo Bussaca (Partido Popular Cristiano), Héctor "Tom" Costanzo (UCR), Julio Crespo Campos (Ucedé), Eduardo Peduto (Frente Grande) Marcela Larrosa (UCR) y María Laura Leguizamón (PJ), recorrió las terminales del puerto y se reunió con los representantes de las empresas que tienen la concesión de las terminales.

Los legisladores se entrevistaron con Diego Segura -director de Transportes Río de la Plata (compañía a cargo las terminales I y II)-, con Oscar Príncipe y Mariana Gabriel -representantes de la empresa Maersk (que opera la Terminal IV)- y con Jorge Marín -miembro de la corporación BACTASSA (que maneja la Terminal V)-. Durante la visita, los diputados les manifestaron a los empresarios su posición a favor del traspaso.

Más tarde, el diputado Argüello opinó que "es fundamental hoy para la Ciudad recuperar la actividad portuaria porque genera importantes ingresos económicos y es una fuente de numerosos puestos de trabajo. Es necesario que el gobierno recobre el puerto para optimizar su funcionamiento y su integración con la calidad de vida de los porteños".

EL ÚNICO PUERTO QUE NO FUE TRANSFERIDO

En la actualidad existe una controversia en torno a la transferencia de la jurisdicción del puerto desde la órbita del Gobierno Nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el 18 de agosto de 1989 se promulgó la Ley 23696 -de Reforma del Estado- se dispuso la concesión de las administraciones de los servicios portuarios y se abrió la puerta para su futura descentralización.

Posteriormente se dictó la Ley 24093, de Actividades Portuarias. En su artículo 11 se estableció que los puertos de propiedad o administrados por el Estado Nacional en territorios de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, les serían transferidos a estas jurisdicciones en forma gratuita, con sólo mediar una solicitud de las mismas.

En este proceso, el puerto de Santa Fe y el de Rosario fueron transferidos a la Provincia de Santa Fe; el de Quequén, el de Bahía Blanca y el Dock Sud fueron cedidos a la Provincia de Buenos Aires; el puerto de Barranqueras fue entregado a la Provincia del Chaco y el de Ushuaia, a Tierra del Fuego.

En cambio, el puerto de Buenos Aires no fue traspasado a la Ciudad debido a que el Poder Ejecutivo, a través del decreto reglamentario 1029/92, vetó, en la ley 24093, lo referido a los derechos del distrito porteño. Como éste tenía, en ese momento, jerarquía de Municipalidad, se alegó que era "un ente descentralizado" que actuaba "dentro de la esfera del Gobierno Federal".

Así, el puerto de Buenos Aires fue el único puerto nacional que no se descentralizó en la Argentina y, también, el único que quedó bajo la órbita de la Administración General de Puertos.

Según informaron desde el despacho de Argüello, el puerto porteño genera un nivel de actividad económica directa de mil millones de dólares y los efectos económicos indirectos de su actividad alcanzan los 10 mil millones. En el 2000 el puerto de Buenos Aires ocupaba el segundo puesto en el ranking de puertos de contendores en Latinoamérica y el trigésimo séptimo en el mundo.