Ciberdelito y régimen juvenil: el Gobierno lanzó dos programas
El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas para combatir la ciberdelincuencia y coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil, a través de las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Ambas iniciativas, impulsadas por el ministro Juan Bautista Mahiques, buscan adecuar la estructura estatal a los desafíos que plantean las nuevas modalidades delictivas y la reciente reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente.
A partir de la Resolución N°483/2026, Mahiques creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), cuya implementación dependerá de la Subsecretaría de Política Criminal. El asesor Mariano Tomás Rivas asumirá las funciones de coordinación bajo modalidad ad honorem y será, según el documento oficial, "quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos".
Entre los desafíos a abordar, las autoridades enumeraron la preservación y análisis de prueba digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial. En esa línea, advirtieron que "el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal". El programa podrá conformar mesas de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados, además de adecuar el tratamiento de datos personales a la Ley 25.326 y promover la coordinación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con la Cancillería para los mecanismos previstos en el Convenio de Budapest.
Con la creación del PRONACIB, el Ministerio derogó las resoluciones de 2016 que habían establecido y transferido el anterior Programa Nacional contra la Criminalidad Informática, así como la resolución de 2024 que creó una mesa de trabajo sobre ciberdelito. De este modo, el Gobierno reordenó bajo una única estructura un entramado normativo que se había ido superponiendo a lo largo de los últimos años.
Por otro lado, mediante la Resolución 484/2026 se dispuso la puesta en marcha del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal como autoridad de aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente. Según el texto oficial, el programa "estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco". Para esa tarea fue designada, sin remuneración, la asesora Débora Eliana Di Girolamo, con funciones que incluyen la coordinación del régimen en la justicia nacional, ordinaria y federal, la capacitación de los actores del fuero, la producción de estadísticas y la articulación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los ejes del nuevo esquema será la administración del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, para lo cual las autoridades aprobaron su reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil, junto con normas de asistencia integral para las víctimas de delitos cometidos por adolescentes. Además, el ministro Mahiques determinó que se deberá brindar apoyo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, y previó mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de medidas, el desempeño institucional y la reincidencia, junto con protocolos de reserva para la sección especial que llevará el Registro Nacional de Reincidencia.
