Cinco importantes leyes aprobadas por la Legislatura aún no fueron reglamentadas

La reglamentación de las leyes volvió a convertirse en un foco de tensión entre la Legislatura porteña y el Gobierno de la Ciudad. El miércoles, durante el informe semestral de gestión que el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, presentó en el Parlamento, legisladores de distintos bloques aprovecharon la ronda de preguntas para reclamar explicaciones sobre el estado de implementación de una serie de normas sancionadas durante los últimos dos años que, pese a haber sido aprobadas por amplia mayoría, todavía permanecen sin reglamentación o sólo fueron puestas en marcha de manera parcial.

Las consultas llegaron desde espacios políticos diversos, como Confianza y Desarrollo, La Libertad Avanza y Confianza Pública, que coincidieron en señalar que la sanción de una ley constituye apenas el primer paso del proceso legislativo. Para que una norma produzca efectos concretos, recordaron, el Poder Ejecutivo debe reglamentarla, definir la autoridad de aplicación, asignar presupuesto y establecer los mecanismos administrativos necesarios para hacerla operativa.

Mientras ese proceso no se complete, advirtieron, los derechos y beneficios previstos por la Legislatura quedan, en los hechos, suspendidos.

Entre los casos planteados en el recinto apareció la denominada Ley de Huellas, impulsada por Emmanuel Ferrario, aprobada a fines de 2025. Se trata de la primera política pública integral de bienestar animal de la Ciudad, creada con el objetivo de abordar de manera estructural el abandono de perros y gatos.

La norma fija como meta que el Gobierno porteño realice entre 200.000 y 300.000 castraciones gratuitas por año, volumen que representa alrededor del 20% de la población estimada de animales domésticos y que, según criterios veterinarios, permitiría estabilizar la reproducción y avanzar hacia la reducción de animales en situación de calle.

Además, se crearía una plataforma digital única para centralizar denuncias por animales perdidos y encontrados, adopciones responsables, tránsito de mascotas y denuncias por maltrato animal.

También establece un régimen de reconocimiento y apoyo para organizaciones protectoras mediante convenios, financiamiento de hogares de tránsito, asistencia veterinaria y campañas de adopción. Durante la sesión, Ferrario sostuvo que ninguno de esos instrumentos fue implementado y advirtió que la Ciudad continúa dependiendo casi exclusivamente del trabajo voluntario de rescatistas y organizaciones civiles.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con la Ley N° 6.017, mediante la cual la Ciudad adhirió en 2024 a la Ley Nacional N° 27.043, sobre Trastorno del Espectro Autista (TEA). La diputada Rebeca Fleitas recordó que la norma establecía un plazo máximo de un año para desarrollar todas las acciones necesarias para su implementación y sostuvo que ese período ya se encuentra vencido, sin que exista información pública suficiente sobre su ejecución.

La adhesión obliga a la Ciudad a desarrollar políticas específicas de detección temprana, diagnóstico y tratamiento, designar una autoridad de aplicación, capacitar a profesionales de la salud y de la educación, elaborar protocolos para hospitales y CeSAC, garantizar acompañantes personales no docentes en el sistema educativo cuando corresponda, celebrar convenios para ampliar la cobertura de prestaciones y asignar partidas presupuestarias específicas.

Durante el informe de gestión, Fleitas reclamó conocer qué organismo fue designado para aplicar la ley, cuál fue el presupuesto ejecutado, cuántos profesionales fueron capacitados y cuál es la situación de las listas de espera para acceder a terapias fundamentales como neurología infantil, fonoaudiología y terapia ocupacional. Según expuso, sin esos pasos administrativos la adhesión legislativa pierde eficacia práctica para miles de familias que esperan respuestas del sistema público de salud.

Las políticas destinadas a las personas mayores también ocuparon un lugar central entre los cuestionamientos. La legisladora Graciela Ocaña recordó que dos leyes aprobadas durante 2024 continúan sin aplicación plena, pese a haber sido sancionadas hace más de un año.

La primera es conocida como Ley Integral de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La iniciativa establece un marco general de protección para todos los mayores de 60 años que residen en la Ciudad y obliga al Estado porteño a garantizar el acceso preferencial a servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social y programas de desarrollo integral.

Asimismo, dispone que las oficinas públicas implementen mecanismos de atención preferencial, simplifiquen procedimientos administrativos y eviten que la utilización exclusiva de plataformas digitales se convierta en una barrera para ese sector de la población.

La norma también incorpora un enfoque de derechos humanos para prevenir situaciones de violencia, discriminación, maltrato y pérdida de autonomía. Sin embargo, según señaló Ocaña durante la sesión, muchas de esas garantías todavía no fueron traducidas en protocolos concretos dentro de hospitales y organismos públicos, donde los adultos mayores continúan enfrentando demoras para acceder a turnos médicos y dificultades para realizar trámites esenciales.

El segundo caso mencionado por la legisladora corresponde a la Ley 6858, que creó el Registro Gratuito de Voluntades Anticipadas para Personas Mayores. La norma permite que cualquier vecino mayor de 60 años pueda dejar asentadas gratuitamente sus decisiones respecto de tratamientos médicos futuros y disposiciones vinculadas con el destino de su cuerpo y sus exequias, conforme a lo previsto por el Código Civil y Comercial.

El objetivo de la iniciativa es preservar la autonomía de las personas cuando, por razones de salud, ya no puedan expresar su voluntad. La ley establece un procedimiento formal, garantiza la confidencialidad de la información y prevé que esas decisiones puedan ser modificadas o revocadas en cualquier momento.

El quinto caso corresponde a una de las principales reformas en materia de política habitacional aprobadas el año pasado. Se trata de la ley que creó el Programa de Apoyo para Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional, impulsada por la legisladora Berenice Iañez, que reemplazó el histórico Decreto 690/06 con un nuevo esquema de subsidios para personas en situación de calle o riesgo de perder su vivienda.

La reforma buscó modificar un sistema que durante años fue cuestionado por depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo para fijar el monto de las prestaciones. La nueva norma establece que el subsidio debe actualizarse automáticamente dos veces por año tomando como referencia el costo de hoteles familiares y pensiones relevado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA).

Además, incorpora la posibilidad de otorgar pagos únicos para facilitar el acceso a un alquiler formal, crea un mecanismo de emergencia para evitar que familias queden sin techo mientras realizan los trámites administrativos, conforma equipos interdisciplinarios de acompañamiento social y amplía la cobertura a personas afectadas por incendios, derrumbes o desalojos administrativos.

Según explicaron los legisladores durante la sesión, buena parte de esas herramientas aún no fueron implementadas y la actualización automática prevista por la ley dejó de aplicarse, por lo que continúa funcionando un esquema similar al que justamente la Legislatura buscó reemplazar.

Más allá de las diferencias entre las iniciativas, los legisladores coincidieron en un mismo diagnóstico: el retraso en la reglamentación termina vaciando de contenido decisiones ya adoptadas por la Legislatura. Mientras el Parlamento aprueba nuevas políticas públicas, sostuvieron, la demora administrativa del Ejecutivo posterga su aplicación y obliga a los beneficiarios a seguir esperando por derechos que, desde el punto de vista legal, ya fueron reconocidos.