Conflicto offshore: la trama de las petroleras que buscan crudo en Malvinas

El desarrollo petrolero en las Islas Malvinas vuelve a sumar relevancia económica en medio de la renovada discusión internacional sobre la soberanía del archipiélago. El proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, es impulsado por dos compañías de menor escala: la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. La iniciativa prevé comenzar la producción en 2028 y se convirtió en una de las apuestas hidrocarburíferas más importantes de la zona.

Navitas es actualmente la operadora de Sea Lion y controla el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper posee el 35% restante. Ambas empresas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del desarrollo. A diferencia de los grandes grupos petroleros internacionales, ninguna cuenta con la dimensión de una multinacional integrada, aunque el proyecto representa una apuesta de gran magnitud para sus respectivos negocios.

La presencia de estas dos compañías contrasta con la ausencia de gigantes como TotalEnergies, Shell o Equinor. Uno de los principales motivos está relacionado con el riesgo político y comercial que implica operar en un territorio cuya soberanía es disputada entre la Argentina y el Reino Unido. Las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en Malvinas pueden quedar alcanzadas por la legislación argentina y exponerse a sanciones que afecten otros negocios dentro del país.

En ese sentido, la Ley 26.659 establece restricciones para compañías que participen directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. La normativa contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. En 2022, la Secretaría de Energía argentina determinó que las actividades de Navitas relacionadas con Malvinas eran ilegales y la inhabilitó durante 20 años para operar en el país.

El contraste se observa con claridad en el offshore argentino. Empresas como TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy participan desde hace años de la explotación frente a las costas de Tierra del Fuego, mientras que Equinor trabaja junto con YPF en distintas cuencas marítimas. En el caso de Fénix, el proyecto demandó una inversión de US$700 millones y forma parte de una actividad que actualmente aporta unos 27 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalentes al 20% de la producción nacional.

Pese a las dificultades, Sea Lion representa un proyecto de considerable dimensión: la primera fase contempla una inversión cercana a los US$1800 millones, de los cuales unos US$1000 millones corresponden a deuda senior. La producción inicial está proyectada en alrededor de 55.000 barriles diarios mediante pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga. Así, mientras para Navitas y Rockhopper el potencial económico puede justificar asumir el riesgo, para las grandes petroleras el costo de quedar involucradas en el conflicto de soberanía y poner en juego sus inversiones en la Argentina parece ser, por ahora, demasiado elevado.