Estudian el juicio político a Gallardo
El Consejo de la Magistratura porteño tramita la apertura del juicio político al juez Roberto Gallardo, a raíz de una denuncia realizada por Lotería Nacional y vinculada a una decisión del magistrado sobre la regulación del juego de azar en la Ciudad. "Efectivamente: el juicio a Gallardo está en sus primeros pasos", confirmó a NOTICIAS URBANAS el titular del cuerpo, Carlos Rosenfeld.
Paralelamente, la Legislatura aprobó en estos días el inicio del procedimiento de juicio político a seis de los nueve miembros del Consejo de la Magistratura, excluyendo al estamento de los jueces.
"Resulta, por lo menos, llamativo que el Consejo, cuestionado por falta de celeridad, quiera impulsar este juicio, justo en este momento", coincidieron varios legisladores consultados por esta agencia.
Entre otros resonantes fallos, el juez Gallardo fue quien dispuso la rebaja de los sueldos de los consejeros, tras un amparo promovido por Poder Ciudadano.
El magistrado también multó a Aníbal Ibarra y a otros funcionarios con embargos en sus sueldos por la causa de los hoteles, una medida que generó tanto malestar que Gallardo llegó a convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno de Ibarra.
A su vez, la causa por la que el Consejo cuestiona a Gallardo es una medida de no innovar a la que el juez hizo lugar y que, en la práctica, anuló un convenido firmado entre la Nación y la Ciudad por el cual se distribuyen en partes iguales lo recaudado por los juegos de azar, en el ambito de la Capital Federal. En su oportunidad, Gallardo juzgó que el convenio era "inconstitucional" al entender que vulnera la autonomía de la Ciudad, en cuya competencia está el manejo de la totalidad -y no de un porcentaje- de lo recaudado por el juego.
La causa penal que podría originar un Jury de Enjuiciamiento contra el juez fue presentada por Lotería Nacional.
En su decisión de hacer lugar al amparo, Gallardo entendió que el convenio con la Nación violaba el artículo 50 de la Constitución porque, según juzgó, el juego no puede ser manejado por manos privadas. "Lo que hizo Gallardo, en la práctica, es poner en el freezer el dinero que recibía la Ciudad de Lotería Nacional, que son unos 80 millones de pesos argumentando que el Estado porteño debe percibir todo lo recaudado. Estimamos que esta plata está inmovilizada en una cuenta cuenta del Instituto del Juego de la Ciudad", apuntó a NOTICIAS URBANAS un legislador que pidió no ser identificado.
Lo que le cuestionan a Gallardo es que no le haya dado resolución al amparo, y que finalmente no se haya expedido sobre el fondo de la cuestión: esto es, que el convenio se enmarcaba en la idea de un traspaso progresivo y gradual de competencias. "El juez lo puso todo en blanco y negro, y de esta manera trabó el ingreso de la recaudación, explicó el legislador consultado.
En su fallo, el juez también había cuestionado la inclusión del casino flotante en el acuerdo con Nación alegando que el artículo noveno de la Ley 538 prohibe la instalación y actividad de salas de casino, que sólo podrían funcionar si el Poder Ejecutivo lo propusiera ante la Legislatura y ésta lo aprobara con dos tercios de sus votos, en un sistema de doble lectura.
Según la Constitución porteña, el Jury de Enjuiciamiento está integrado con nueve miembros, de los cuales tres son legisladores, tres abogados y tres jueces. Uno de ellos es miembro del Tribunal Superior y Presidente del Jurado. Para cada juicio, son seleccionados por sorteo de una lista de 24 miembros.