Di Filippo: "Buenos Aires necesita poner el derecho a la ciudad por encima de la supremacía inmobiliaria"

Con más de veinte años de trayectoria en políticas urbanas, derecho a la vivienda y derechos humanos, el exlegislador porteño, representante regional de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC), impulsor del Observatorio Global de Alquileres Temporales (OGAT) y candidato a Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad analiza el rumbo de Buenos Aires, cuestiona las políticas del Gobierno porteño y plantea una agenda para recuperar el derecho a la ciudad como política de Estado.

Noticias Urbanas: La vivienda volvió al centro de la agenda pública, pero cada año parece más difícil vivir en Buenos Aires. ¿Qué está pasando?

Facundo Di Filippo: Lo que estamos viviendo no es una crisis aislada. Es la consecuencia de casi veinte años de un mismo modelo de ciudad. Buenos Aires dejó de planificarse pensando en quienes la habitan y empezó a ordenarse, principalmente, desde la lógica de la renta inmobiliaria y de la valorización del suelo. La vivienda dejó de ser concebida como un derecho humano para pasar a administrarse como una mercancía. No tengo una posición contraria a la inversión privada. Una ciudad necesita inversión. El problema aparece cuando el Estado renuncia a conducir ese proceso y deja que sea el mercado el que decida quién puede vivir en la ciudad y quién debe irse. Quien decide que se construye, dónde y para quién es el Estado con diversas herramientas de regulación, y así lo hacen muchas ciudades del norte global que tanta admiración generan, y es a lo que renunció la actual administración.

Hoy convivimos con alquileres inaccesibles, miles de viviendas vacías, venta permanente de patrimonio público, déficit habitacional, pérdida de patrimonio arquitectónico, crecimiento de la población en situación de calle y enormes dificultades para que jóvenes, jubilados, trabajadores y sectores medios puedan desarrollar un proyecto de vida en Buenos Aires.

Pero además observo con preocupación un cambio en el enfoque político de la actual gestión. Frente al agravamiento de la crisis social, el Gobierno parece haber reemplazado las políticas de inclusión por una lógica de control y confrontación. Mi impresión es que existe un giro hacia respuestas cada vez más represivas, acompañado por discursos que buscan construir una agenda de seguridad con fuerte impacto mediático. Creo que la Ciudad necesita más políticas públicas y menos marketing.

Noticias Urbanas: Usted viene denunciando con mucha fuerza los desalojos administrativos.

Facundo Di Filippo: Porque representan uno de los retrocesos institucionales más graves que hemos visto en los últimos años.

Durante décadas existió un principio básico: cuando una familia podía perder su vivienda intervenía un juez, había garantías procesales, derecho de defensa y control judicial. La tan demandada “seguridad jurídica”, que pareciera es para unos pocos. Hoy vemos cómo, invocando supuestos riesgos edilicios, el Gobierno impulsa desalojos decididos por vía administrativa, apoyándose en informes técnicos que merecen ser seriamente revisados.

Nosotros acompañamos numerosos casos colectivos de familias que fueron obligadas a abandonar sus hogares sin que previamente el Estado hubiera agotado todas las alternativas posibles para consolidar los inmuebles o brindar soluciones habitacionales adecuadas.

Incluso logramos obtener una medida cautelar que estableció límites a estos procedimientos. Sin embargo, seguimos observando situaciones en las que el Gobierno continúa avanzando con desalojos mientras cientos de familias quedan en una situación de enorme vulnerabilidad. El Estado debería intervenir para evitar que las personas pierdan su vivienda. No utilizar el riesgo como excusa para expulsarlas.

Noticias Urbanas: ¿Hay un patrón detrás de estas decisiones?

Facundo Di Filippo: Estoy convencido de que sí. Cuando uno observa la venta de tierras públicas, la reducción de programas habitacionales, el debilitamiento del Instituto de Vivienda, el desfinanciamiento de experiencias cooperativas, el crecimiento de los desalojos administrativos y la expansión de determinadas áreas de desarrollo inmobiliario, aparecen demasiadas coincidencias como para analizarlas de manera aislada.

El Jefe de Gobierno innovó en su capacidad de crueldad y realizó “tormenta negra”, un enorme operativo de seguridad desplegado en barrios populares con alrededor de 1.500 efectivos policiales. Ese operativo sintetiza un cambio de paradigma: frente a problemas sociales complejos, la respuesta prioritaria parece ser la presencia policial antes que las políticas públicas. Tormenta Negra terminó siendo una metáfora de una forma de gobernar la ciudad.

Cuando la mercantilización de la vivienda, la venta de patrimonio público, la reducción de políticas habitacionales y los desalojos administrativos avanzan al mismo tiempo, el resultado es una expulsión silenciosa de miles de porteños y porteñas.

Noticias Urbanas: La urbanización de la Villa 31 fue presentada como uno de los grandes logros de la gestión anterior. Usted que fue el autor de la primera ley de Urbanización ¿Qué evaluación hace?

Facundo Di Filippo: La integración socio-urbana es probablemente una de las mejores políticas que puede impulsar un Estado. Pero urbanizar no es solamente hacer calles, veredas o infraestructura. Urbanizar significa garantizar el derecho a permanecer.

El Barrio Padre Mugica tuvo algunos avances, pero también enormes desafíos pendientes: regularización dominial incompleta, familias relocalizadas con dificultades para sostener los nuevos costos, conflictos derivados del proceso y una creciente presión inmobiliaria sobre uno de los sectores más estratégicos de la Ciudad.

A eso se suma algo que me preocupa especialmente: la aparición de discursos estigmatizantes y, en algunos casos, abiertamente xenófobos respecto de quienes viven en los barrios populares, tanto del sector privado como del público. No puede hablarse de integración mientras se alimentan prejuicios contra las mismas comunidades que se dice querer integrar.

Noticias Urbanas: En los últimos años también comenzó a trabajar el impacto de los alquileres temporarios.

Facundo Di Filippo: Porque estamos frente a uno de los mayores desafíos urbanos del siglo XXI. Lo que ocurre en Buenos Aires ya ocurrió antes en decenas de ciudades como Barcelona, Lisboa, Nueva York o Ciudad de México.

Cuando una parte creciente del parque habitacional se transforma en alojamiento turístico, disminuye la oferta de viviendas permanentes y aumentan los precios para quienes viven y trabajan en la ciudad.

Por eso impulsamos el Observatorio Global de Alquileres Temporales (OGAT), una red internacional que reúne organizaciones, investigadores y especialistas para producir evidencia y promover regulaciones que permitan compatibilizar el desarrollo turístico con el derecho a la vivienda.

No estamos en contra del turismo. Estamos en contra de que el turismo termine expulsando a quienes sostienen la vida cotidiana de las ciudades. La ciudad tiene una ley que regula esta actividad desde el 2019 y jamás ejerció un control para poder implementarla.

Noticias Urbanas: Usted también representa para América Latina a la Coalición Internacional del Hábitat.

Facundo Di Filippo: Sí, y esa experiencia cambia completamente la perspectiva. Uno comprende que la crisis habitacional no es un problema exclusivamente argentino. Hoy las ciudades de todo el mundo enfrentan desafíos similares: financiarización de la vivienda, concentración del suelo, desplazamientos urbanos, impacto del cambio climático, pérdida de vivienda asequible y aumento de las desigualdades.

Desde HIC trabajamos junto a organizaciones sociales, ONG´s, académicos haciendo incidencia en gobiernos locales y organismos internacionales para colocar nuevamente el derecho al hábitat en el centro de las agendas públicas.

La experiencia internacional demuestra que las ciudades que mejor enfrentan estos problemas son aquellas donde el Estado planifica, regula y protege derechos. No aquellas donde simplemente administra las consecuencias del mercado.

Noticias Urbanas: Usted es candidato a Defensor Adjunto del Pueblo. ¿Por qué decidió dar ese paso?

Facundo Di Filippo: Porque creo que toda esta experiencia puede ponerse al servicio de una institución que tiene un rol tan importante. La Defensoría del Pueblo es una institución referencia en materia de vivienda.

Durante muchos años impulsé estas agendas desde la Legislatura. Después seguí trabajando desde la sociedad civil y desde espacios internacionales. Y creo que ese rol institucional sería de gran valor para defender el derecho a habitar nuestra Ciudad, más allá de la condición socioeconómica que se tenga.

De ser elegido, quiero impulsar una agenda permanente sobre derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. Crear una gran red de hábitat que monitoree desalojos, urbanización, acceso a la vivienda, patrimonio público, alquileres temporarios y desigualdades territoriales.

Noticias Urbanas: ¿Cuál cree que será el gran debate urbano de los próximos años?

Facundo Di Filippo: La discusión de fondo será para quién se construyen nuestras ciudades. Si seguimos pensando el desarrollo únicamente en función del precio del metro cuadrado, cada vez más personas quedarán excluidas.

Yo prefiero otra ciudad: una donde el crecimiento económico conviva con la justicia social y territorial; donde el desarrollo urbano tenga reglas claras; donde la tierra pública se preserve como una herramienta estratégica para resolver problemas colectivos; donde nadie tenga que abandonar su barrio porque ya no puede pagar un alquiler; donde la vivienda sea entendida como un derecho humano y no como un privilegio.

Esa es la agenda que vengo construyendo desde hace más de dos décadas y que hoy quiero aportar a la Defensoría del Pueblo. Porque una ciudad no se mide por la altura de sus edificios ni por el valor de sus emprendimientos inmobiliarios. Una ciudad se mide por su capacidad para garantizar derechos, reducir desigualdades y permitir que todas las personas, sin distinción, puedan desarrollar un proyecto de vida en el lugar que eligieron para vivir.