Dólares del colchón: el gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal
En el contexto de una creciente escasez de divisas, el presidente Javier Milei ha promulgado un decreto que regula un blanqueo permanente para los “dólares del colchón”. Esta medida busca incentivar la repatriación de capitales no declarados, permitiendo a los individuos y empresas regularizar sus tenencias en moneda extranjera sin una penalización severa por evasión fiscal.
El nuevo régimen no solo amplia los umbrales de evasión que los contribuyentes pueden tener, sino que también ofrece un amplio perdón fiscal. Esta disposición ha sido recibida con opiniones divididas: mientras algunos la ven como un paso necesario para sanear la economía, otros advierten sobre el posible incentivo a la evasión fiscal a largo plazo.
Luis Caputo, Ministro de Economía, ha defendido la medida como parte de un esfuerzo más amplio por estabilizar la economía en un periodo de alta inflación y presión sobre las reservas de divisas. La implementación del Régimen Simplificado de Ganancias también acompaña a este blanqueo, con la intención de facilitar el proceso de formalización para aquellos con capitales escondidos.
Nadie tiene derecho a tocar tus ahorros. Son tuyos, punto.
— Martin Menem (@MenemMartin) February 9, 2026
Con la Ley de Inocencia Fiscal, el Estado deja de perseguir a quien invierte y genera trabajo, y comienza a enfocarse en lo que realmente corresponde.
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La medida surge en un momento crítico para el Gobierno, que enfrenta desafíos económicos significativos, incluyendo una inflación que superó el 30% en los últimos doce meses. Bajo estas circunstancias, el Ejecutivo apuesta a que la regularización de capitales ociosos ayude a incrementar la liquidez del sistema financiero y aporte a la recuperación de la estabilidad económica.
Sin embargo, la implementación de este blanqueo no ha estado exenta de críticas. Los analistas económicos advierten que, aunque puede ofrecer un alivio temporal, corre el riesgo de normalizar prácticas de evasión fiscal. Esto generaría un precedente peligroso, especialmente en un país donde la confianza en las instituciones ya se encuentra erosionada.
A medida que se hacen efectivas estas nuevas regulaciones, será crucial observar cómo reaccionan tanto los contribuyentes como el mercado en su conjunto. La forma en que se maneje esta situación impactará directamente en la credibilidad del Gobierno y en la percepción de la ciudadanía sobre las reformas económicas implementadas.
