El conflicto de Brukman está atascado en un callejón sin salida

El largo conflicto que se produjo en la fábrica textil Brukman es un claro ejemplo de una reivindicación justa que, en el sinuoso camino de la política, perdió el rumbo.

En los últimos días del año 2001, los obreros decidieron ocupar las instalaciones de la empresa, ante la deserción de la patronal, que desapareció del lugar cuando ya le adeudaba al personal varios meses de salarios.

El siguiente paso de los trabajadores fue salir a buscar apoyatura política en la Legislatura. Allí un legislador, Jorge Altamira del Partido Obrero, que se adueñó del conflicto en forma casi excluyente, comenzó con el único planteo que puede llevar al fracaso a esta justa lucha, además de no hacer nada: solicitar la estatización de la fábrica y convertir a los obreros en empleados públicos.

En la Comisión de Desarrollo Económico, la mayoría de los legisladores se mostró en desacuerdo con esta solución, pero los asesores de los trabajadores se resistieron a encarar la solución que aquellos propusieron, que era la conformación de una cooperativa.

Jorge Giorno, uno de los diputados porteños que integran la comisión, manifestó con respecto a este conflicto, primero su repudio a la represión policial, aunque luego lamentó "la tosudez de un diputado, que llevó las cosas hasta una postura intransigente. Tan intransigente que ya no busca una solución, sino un conflicto".

"Ningún camino de confrontación es bueno en una democracia, mientras los caminos de la negociación estén abiertos. Nosotros les planteamos la cooperativización para que ellos pudieran seguir produciendo, aún en el caso de que tuvieran que abandonar el edificio de la fábrica", finalizó el legislador del Partido de la Ciudad.

El camino de la estatización implica que el Gobierno porteño adquiera los bienes de la empresa -entre los cuales está incluída la marca de los productos que Brukman fabrica- y se convierta en productor de indumentaria masculina. Esto, mientras asiste a la niñez, a la ancianidad, cuida de la salud y la escuela públicas, se ocupa de la seguridad, la justicia y el tránsito y provee al bienestar general de la comunidad. No es que un gobierno no pueda encarar tan múltiples tareas, sino que los obreros que pretenden seguir produciendo bienes industriales, deberían hacerlo por su cuenta, una vez resuelta la situación legal. Más que nada, porque esto es posible, dadas las experiencias de otras fábricas recuperadas.

Existieron otras experiencias de empresas que fueron vaciadas en forma dolosa por sus dueños anteriores y luego recuperadas por sus trabajadores, preocupados fundamentalmente por conservar sus fuentes de trabajo. Dos de esos casos son la productora de materias primas para postres y helados Ghelco y Gráfica Chilavert.

El diputado Enrique Rodríguez también repudió "la salvaje represión, que llegó a poner en peligro a los chicos internados en el Hospital Garraham". A continuación, Rodríguez diferenció el caso Brukman de los casos de Ghelco y Chilavert en los cuales "los trabajadores, agrupados en cooperativas, plantearon seguir con la explotación de ambas unidades productivas y ahora están funcionando bien".

"En ambos casos -planteó el diputado- la Legislatura dictaminó la expropiación transitoria, que les permitió a los trabajadores tener una figura legal hasta que estén en condiciones de hacerse cargo de los bienes de las empresas, en el futuro".