El amigo de Milei detrás del negocio de los “pasaportes dorados”
El empresario hotelero Patricio Fuks acercó al Gobierno la propuesta de crear un programa para otorgar la ciudadanía argentina a cambio de una inversión. El esquema prevé un aporte de US$350.000 y un límite de hasta 5.000 ciudadanías en cuatro años, prorrogables por uno más. Si se alcanzara ese máximo, el monto potencial sería de US$1.750 millones; no se trata de ingresos ya recaudados.
Fuks dijo al medio que solo llevó la idea y luego se apartó. El empresario aseguró que el proyecto surgió durante un viaje a Sun Valley, en Idaho, al que asistieron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Unos amigos míos que viven en Los Ángeles, que se dedican al real estate, le tiraron a Milei en una reunión la idea de la Golden Visa”, relató, según la nota.
Los registros ubican a Fuks como intermediario en los primeros contactos oficiales con Latitude, una consultora especializada en programas de ciudadanía por inversión. Ejecutivos de la firma se reunieron en noviembre de 2024 con autoridades de ARCA y, dos días después, con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El empresario también integró la comitiva presidencial que viajó a Sun Valley en julio de ese año.
La relación con Latitude reapareció en el proceso para elegir a la consultora que diseñaría y promocionaría el programa. La empresa presentó una oferta de US$7,5 millones, pero quedó descalificada por no acreditar la solvencia requerida. Luego, el Gobierno anuló la licitación. En mayo de 2026, un consorcio llamado AMIGO, integrado por Latitude y otras firmas del sector, firmó un convenio de colaboración técnica “no oneroso” con la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, de acuerdo con PERFIL. El convenio no es público y fuentes oficiales citadas por el medio afirmaron que no existe un contrato.
La investigación plantea que, aunque el asesoramiento al Estado se presentó como gratuito, las consultoras podrían obtener ingresos mediante comisiones cobradas a los solicitantes. Fuks negó haber recibido pagos estatales: “Nunca cobré nada del Estado”, dijo. La nota también recoge críticas de un diputado opositor y de una fuente del sector, que cuestionó la posibilidad de que el consorcio busque concentrar el mercado.
El programa se apoya en el DNU 366/2025, que incorporó la posibilidad de acceder a la naturalización mediante una “inversión relevante”, sin exigir residencia previa. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial. En octubre, el diputado Agustín Rossi presentó un proyecto para prohibir la ciudadanía por contraprestación económica y sostuvo que la naturalización debe regularse por ley.
La validez del decreto también está bajo cuestionamiento judicial. En una causa particular, una cámara federal declaró inconstitucionales disposiciones del DNU, aunque el fallo no tuvo alcance general ni resolvió directamente la vía de ciudadanía por inversión, según IMI Daily. En julio, UPI informó sobre otra decisión judicial que declaró nulo el decreto en el caso que examinó. Así, el alcance legal del programa continúa en disputa mientras el Gobierno avanza con su implementación.
