El Gobierno desafía a la Justicia y apelará el financiamiento universitario
El Gobierno nacional decidió apelar en los próximos días la resolución del juez federal Martín Cormick, quien ordenó poner en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto utilizado por el Poder Ejecutivo para condicionar su aplicación.
La Casa Rosada trabaja en la estrategia judicial mientras analiza otras alternativas legales para evitar que el impacto presupuestario de la norma se concrete de inmediato. Desde la Procuración del Tesoro sostienen que todavía existen herramientas para discutir la decisión y buscar una salida que preserve el equilibrio fiscal.
El fallo alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó la ley, pero supeditó su implementación a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento y aprobara las partidas correspondientes. Para el magistrado, esa condición funcionó como un nuevo veto sobre una norma que ya había sido ratificada por ambas cámaras tras el rechazo al veto presidencial.
La resolución surgió a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires. El juez ordenó adoptar las medidas administrativas necesarias para aplicar los aumentos previstos y contemplar recursos destinados a salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartaron abrir una negociación con las universidades y confirmaron que la respuesta será exclusivamente judicial. El Gobierno argumenta que la ejecución de la ley demandaría más de un billón de pesos y que cualquier modificación de las partidas debe discutirse dentro del Congreso, especialmente durante el debate del Presupuesto 2027.
El juez, sin embargo, sostuvo que la normativa contempla mecanismos para afrontar los gastos mediante reasignaciones presupuestarias y el uso de una mayor recaudación corriente. El conflicto suma así un nuevo capítulo a la disputa entre el Poder Ejecutivo y las universidades, en un contexto marcado por las negociaciones presupuestarias, los reclamos opositores y la decisión oficial de sostener el superávit fiscal como prioridad.
