El juez Lijo abrió la información fiscal de Adorni
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete. La medida fue requerida por el fiscal Gerardo Pollicita y busca acceder a la documentación vinculada al pago de impuestos y tasas de las propiedades que integran el patrimonio de la pareja.
La resolución se relaciona, en particular, con los pagos realizados para adquirir una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, en el norte bonaerense, donde se analizarán las contraprestaciones y el origen de los fondos utilizados para la compra. Además, la orden incluye el levantamiento del secreto fiscal sobre el departamento heredado en La Plata, donde hoy reside la madre de Adorni, y sobre el que también se investigan los impuestos y tasas abonadas.
Esta decisión judicial se suma al levantamiento previo del secreto bancario y fiscal ordenado en abril, que ya permitió al fiscal Pollicita revisar cuentas, transferencias, inversiones y declaraciones de impuestos de Adorni, Angeletti y de la firma AS Innovación Profesional. Con el acceso a ARBA, los investigadores podrán cruzar esos datos con los pagos de impuestos inmobiliarios y tasas provinciales, a fin de verificar coherencias o inconsistencias en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
🚨Levantaron el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito. El juez Lijo dispuso lo mismo en relación a Betina Angeletti y a las mujeres que fueron prestando dinero o financiando a la pareja. Requirió el fiscal Pollicita.
— Ariel Zak (@Ariel_Zak) April 9, 2026
El caso se enmarca en un escándalo más amplio que incluye sospechas por movimientos de dinero en billeteras virtuales y por operaciones vinculadas a criptoactivos, en el que la diputada Marcela Pagano denunció públicamente que Adorni habría recibido al menos 3 millones de dólares en una wallet. Ese tipo de información alimenta la investigación por enriquecimiento ilícito y la posible vinculación con circuitos de lavado de activos, lo que profundiza la presión política y judicial sobre el funcionario.
La medida de Lijo refuerza la línea de trabajo que viene desarrollando el fiscal Pollicita, quien sumó en las últimas semanas nuevas medidas de prueba, citaciones de testigos y requerimientos de información a distintas entidades financieras y organismos públicos. Con el acceso a ARBA, la Justicia amplía el abanico de elementos para evaluar si el crecimiento patrimonial de Adorni y su familia guarda relación con su actividad pública, con la consultora AS Innovación Profesional o con ingresos no declarados en el sistema financiero formal.
En el plano político, la profundización de la causa mantiene tensiones en el Gobierno de Donald Trump, donde el mandatario sostiene que Adorni seguirá en su cargo mientras “no haya pruebas sólidas de culpabilidad”, pese a la acumulación de órdenes judiciales que debilitan la imagen del jefe de Gabinete. Mientras tanto, la oposición y organizaciones de la sociedad civil exigen que el caso no quede circunscripto a la investigación individual y que se abra el debate sobre la transparencia y el control de la función pública en el marco de la ofensiva liberal y cripto‑reguladora impulsada por el Ejecutivo.
