El Senado cerró una sesión clave con tres leyes de alto impacto
El Senado de la Nación aprobó el jueves por unanimidad la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y dejar atrás el régimen de emergencia que vence a fin de año. El proyecto obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra, luego de incorporar modificaciones reclamadas por la oposición y organizaciones vinculadas al sector. La sanción representa un triunfo político para los bloques que impulsaron la iniciativa y un nuevo desafío para el Gobierno, que deberá garantizar los recursos necesarios para su implementación.
La norma establece un régimen permanente para el sistema de discapacidad y mantiene los principales beneficios contemplados en la emergencia. Entre sus puntos centrales, conserva las pensiones no contributivas por invalidez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, y garantiza su actualización mediante la movilidad previsional. Además, ratifica el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento para acceder a las prestaciones y establece requisitos socioeconómicos para el otorgamiento de los beneficios.
Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la compatibilidad entre las pensiones y el empleo registrado. La nueva legislación permite que las personas con discapacidad puedan trabajar o estar inscriptas en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La medida busca facilitar la inserción laboral y evitar que el acceso a un empleo implique la pérdida de una prestación fundamental para quienes necesitan asistencia económica.
En materia de prestaciones, la ley mantiene el nomenclador universal y el arancel unificado, que regulan los valores de los servicios destinados a las personas con discapacidad. También contempla mecanismos de actualización vinculados a la movilidad jubilatoria y a la inflación, con el objetivo de evitar que los pagos pierdan poder adquisitivo.
Otro punto relevante es la obligación del Ejecutivo de establecer un cronograma para cancelar las deudas pendientes con los prestadores, que deberá informarse dentro de los 30 días y completarse en un plazo máximo de 90 días.
El texto también incorpora mecanismos de control y auditoría para revisar el funcionamiento del sistema y verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las pensiones. Las evaluaciones estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el intercambio de información con organismos como ANSES, ARCA y Renaper. Sin embargo, las eventuales suspensiones de beneficios deberán respetar un procedimiento que garantice la notificación a los titulares y la posibilidad de presentar un descargo antes de una resolución definitiva.
Patentes: un acuerdo clave para la relación comercial con Estados Unidos
El Senado aprobó, con 47 votos a favor y 22 en contra, la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). Se trata de un convenio internacional que el país firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta ya había aprobado en 1998, pero que Diputados devolvió en agosto pasado para una segunda revisión. Su incorporación representa uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el entendimiento comercial firmado con Estados Unidos.
La adhesión también forma parte de las obligaciones vinculadas con los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el bloque sudamericano y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El objetivo central del tratado es simplificar los procedimientos para registrar patentes en distintos países y facilitar la protección internacional de las innovaciones tecnológicas.
Durante el debate, el miembro informante y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador libertario Francisco Paoltroni (Formosa), defendió la iniciativa y destacó sus beneficios para el sector productivo. “El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una start up tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, sostuvo.
Sin embargo, el proyecto original impulsado por el Gobierno encontró resistencia entre los laboratorios nacionales. Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el capítulo II, que contempla la posibilidad de que una patente registrada tenga vigencia durante 20 años en todos los países miembros. Ante las objeciones, el oficialismo decidió dejar ese apartado en reserva antes de su tratamiento en el recinto. Otro de los planteos opositores apuntó al posible debilitamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), debido a que los informes y dictámenes preliminares de oficinas extranjeras o agencias internacionales podrían condicionar su capacidad de decisión.
Propiedad privada: límites a las expropiaciones y a la compra de tierras extranjeras
En la misma sesión, el Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 42 votos afirmativos y 26 negativos. La iniciativa reincorpora restricciones establecidas durante el gobierno kirchnerista en 2011 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros: un máximo del 15% de la superficie rural total de cada jurisdicción, un límite del 30% por nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo.
Uno de los capítulos centrales de la norma establece nuevas condiciones para los procesos de expropiación. El articulado contempla que podrán ser alcanzados los bienes necesarios o convenientes para satisfacer una declaración de utilidad pública, independientemente de su naturaleza jurídica o de que pertenezcan al dominio público o privado. Sin embargo, establece que esa declaración deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar de forma específica el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación resulta idónea, necesaria y proporcional.
En cuanto a las indemnizaciones, la ley determina que deberán contemplar el valor objetivo del bien, tomando como referencia su precio de mercado, además de los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Quedan excluidos los valores afectivos, las circunstancias personales, las ganancias hipotéticas y el eventual incremento de valor que pudiera generar el proyecto que motive la medida. También se contempla el lucro cesante, siempre que esté debidamente acreditado y no implique una duplicación de conceptos indemnizatorios. En ese caso, se establece un límite del 30% del valor del daño emergente, salvo que el propietario demuestre una afectación superior.
Vivienda y desalojos: nuevas condiciones para propietarios e inquilinos
La legislación incorpora además un régimen de regularización para ocupantes de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente. Podrán acceder a sus beneficios quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible, continua y de causa lícita durante al menos diez años anteriores a la solicitud de incorporación al régimen, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación correspondiente.
Otro de los puntos que generó preocupación durante el tratamiento legislativo está relacionado con los procedimientos de desalojo por falta de pago de alquileres. La norma establece que, antes de iniciar una demanda judicial, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación para cancelar la deuda. La comunicación deberá especificar el lugar de pago y podrá dirigirse tanto al domicilio físico como al electrónico declarado en el contrato.
Una vez vencido ese plazo, o extinguida la relación contractual por cualquier motivo, el inquilino estará obligado a restituir el inmueble. Si no lo hace, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la legislación. El texto también establece que el locador no podrá negarse a recibir las llaves ni condicionar su entrega, aunque podrá reservarse el derecho de reclamar las obligaciones pendientes. De esta manera, el Senado avanzó con dos reformas de impacto económico e institucional que forman parte de la agenda del Gobierno y que modifican las reglas sobre propiedad intelectual, tenencia de tierras, expropiaciones y relaciones entre propietarios e inquilinos.