Exportaciones frenadas por paro en puertos

Un cambio en las reglas del practicaje -el servicio que asiste a los buques cuando entran y salen de los puertos- terminó en un choque abierto entre el Gobierno y los profesionales del sector. El conflicto, que empezó a tomar forma desde el fin de semana, ya se está sintiendo en varias terminales del país.

Desde el sábado, una parte importante de prácticos, pilotos y baqueanos decidió, por cuenta propia, no aceptar nuevas asignaciones mientras no se destrabe la disputa por la norma.

Los prácticos cumplen un rol clave para que la navegación se haga con seguridad en zonas complicadas, como ríos, canales y accesos portuarios. Conocen a fondo las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada tramo. Y como gran parte del comercio exterior argentino depende de ese trabajo, su tarea es especialmente relevante en el movimiento de buques por el Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de una porción enorme de las exportaciones del país.

El detonante fue el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Según el texto, la idea es reemplazar el reglamento que estaba vigente desde 1991 y tocar varios puntos centrales: se elimina el límite de cupos para anotarse como práctico; se abre la puerta para que armadores y agencias marítimas contraten directamente; se plantean topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN); y también se habilita a capitanes con cierta cantidad de viajes realizados en una zona a navegar allí sin necesidad de contratar un práctico.

Lo particular de esta medida de fuerza es la forma en que se organizó. Como los prácticos trabajan de manera independiente y no están nucleados en un gremio único con capacidad de convocar un paro “tradicional”, la decisión se coordinó entre sectores, pero sin una orden central. Quienes ya tenían turnos asignados antes siguen trabajando con normalidad. Lo que se frenó, en la práctica, son las nuevas contrataciones.

Desde el Gobierno, la explicación apuntó a que el cambio busca bajar costos logísticos y meter más competencia en la actividad. Sturzenegger lo dijo en su cuenta de X, al sostener que se “desarmaron kioscos”, criticando el esquema anterior por considerar que generaba “barreras de entrada” que terminaban encareciendo el servicio. También cuestionó la segmentación geográfica, que —según planteó— obligaba a sumar más de un práctico para completar un mismo recorrido.

Pero las entidades del sector lo ven distinto. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la norma como inconstitucional y adelantó que irá a la Justicia Federal con una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo para frenar la aplicación. Además, anunció una denuncia penal si entiende que hay un riesgo para la seguridad de la navegación, en línea con lo que contempla el artículo 190 del Código Penal. Desde ese lado también se sostiene que los cambios podrían terminar empeorando tanto las condiciones de seguridad como las de trabajo.

Mientras tanto, como no hay suficientes profesionales disponibles, la Prefectura Naval Argentina -que controla el cumplimiento del servicio- empezó a mandar notificaciones formales a prácticos, de manera individual, para que retomen tareas. Lo hace apoyándose en la Ley de Navegación 20.094, que considera al practicaje como un servicio público. En esas comunicaciones se advierte sobre posibles sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.

El conflicto pega con más fuerza en puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, donde algunos buques quedan esperando turno fondeados. El propio decreto contempla una salida para estos casos: habilita a la Prefectura y, en situaciones excepcionales, también a la Armada, a hacerse cargo directamente del servicio. Quedan fuera de la controversia los buques que transportan petróleo y gas, que continúan operando con normalidad para no afectar el abastecimiento interno de combustibles.