Los K apelan al "per saltum" por aborto no punible y Ley de Medios
La semana que viene el kirchnerismo impulsará un proyecto para reglamentar per saltum ( el recurso jurídico que permite a la Corte Suprema proceder en las causas de competencia federal de ?gravedad institucional?, soslayando las instancias anteriores. Así lo informó el jefe de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.
Según señala el texto, se aplicaría a "cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar prejuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior".
La presentación del proyecto de ley se da en el marco del debate por la Ley de Medios y la controversia que generó un aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires.
"Un senador radical, (Eduardo) Moro, trabajó muy bien este tema, hay una iniciativa mía y también una de (Cristina Fernández) quien fuera presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Llegamos a lograr un dictamen que decía que en las causas de gravedad institucional, cuando están en juego intereses públicos complejos y exista un proceso judicial y haya sentencia de primera instancia o una medida cautelar que obstruya el camino a la cuestión de fondo y que se prolongue indefinidamente tiene que haber un avocar de la Corte", recordó Pichetto.
El proyecto de ley que lleva la firma de los senadores Pichetto, Marcelo Fuentes, José Mayans, Aníbal Fernández, Marcelo Guinle y Marina Riofrio es la reproducción del texto presentado por la entonces legisladora Cristina Fernández y que, a su vez, es la representación del dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2002. El proyecto, que recoge aspectos de normas impulsadas por representantes de la oposición, comenzará su trámite parlamentario el próximo martes en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta.
Esta herramienta jurídica fue utilizada en la década del 90 por el gobierno de Carlos Menem, por pedido del entonces ministro Roberto Dromi, hoy asesor del kirchnerismo, en la privatización de Aerolíneas Argentinas. El proyecto entiende que "existirá gravedad institucional" en aquellas cuestiones sometidas a juicio que "excedan el interés de las partes en la causa" y se proyecten "sobre el general o público" de modo que su trascendencia comprometa "instituciones básicas del sistema republicano del gobierno" y garantías constitucionales o contenidas en tratados internacionales.
El texto indica que la Corte habilitará la instancia "con mecanismos restringidos y de marcado excepcionalidad". Además, establece que "sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia y las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos". Se dispone que el recurso "no procederá" en causas de materia penal.
