Febrero caliente: organizaciones sociales marcharán contra la reforma laboral
Un amplio conjunto de movimientos sociales, organizaciones piqueteras y sectores de izquierda resolvieron movilizarse frente al Congreso Nacional durante el mes de febrero en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La convocatoria está prevista para coincidir con el debate de la iniciativa en el Senado, que el oficialismo busca convertir en ley dentro del período de sesiones extraordinarias.
La protesta fue definida como un “febrero caliente” por sus organizadores, quienes anticipan una “masiva presencia” en las calles pese a las concesiones parciales que el Ejecutivo ha realizado en el texto. Para estas agrupaciones, la propuesta de “modernización laboral” profundiza la precarización del trabajo y debilita aún más a los sindicatos.
La movilización tendrá como protagonistas a grupos nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), organizaciones piqueteras y demás sectores afines a la izquierda. Estos actores sostienen que, aunque se introdujeron modificaciones, el proyecto mantiene aspectos que consideran estructuralmente lesivos para trabajadores formales e informales.
El conflicto político se intensificó después de que el presidente firmara el decreto 24/2026 que convoca a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero, con la reforma laboral entre los principales temas a tratar junto a otros proyectos clave para la Casa Rosada. El texto podría llegar al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con la fecha tentativa de debate el 11 de febrero, aunque esto aún está sujeto a cambios.
MILEI NOS PONE EN PELIGRO 🔴
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) January 20, 2026
"Nos enfrentamos a un Gobierno que estigmatiza a las organizaciones".
🗨️ Resaltó Alejandro Gramajo, secretario general UTEP, en #BatallaCultural 🥊
VIVO https://t.co/qteEgk3N5K pic.twitter.com/OdljFWSkij
Desde el punto de vista legislativo, el oficialismo posee un bloque propio minoritario en el Senado y necesita sumar entre 16 y 17 voluntades para alcanzar el quórum requerido para iniciar la votación. En este escenario, figuras como la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, buscan articular acuerdos con sectores opositores “dialoguistas” —incluidos referentes de la UCR y del Pro— además de negociar con legisladores provinciales.
Los líderes de los movimientos sociales han endurecido su postura contra la propuesta. Desde la UTEP, su secretario general, Alejandro Gramajo, calificó la reforma como una agresión a los derechos laborales y cuestionó argumentos oficiales que sostienen que la flexibilización generará más empleo formal. Por su parte, otros referentes consideran que ningún punto del proyecto favorece a trabajadores informales o a quienes integran la economía popular.
En paralelo al rechazo de los movimientos sociales, la Confederación General del Trabajo (CGT) también mantiene una estrategia de presión. Aunque opta por intentar negociar la reducción de los artículos más críticos dentro del proyecto, no descarta nuevas medidas de fuerza, incluidas movilizaciones y paros, si el Gobierno persiste con artículos que flexibilizan condiciones laborales, reducen indemnizaciones o restringen derechos sindicales.
