Gobierno busca apoyos en el Congreso para evitar la caída del DNU sobre la SIDE
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, continúa afinando su estrategia política para asegurar el respaldo en el Congreso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25, que introduce una profunda reforma al funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La medida, publicada al término del período de sesiones extraordinarias del año pasado, modifica la Ley de Inteligencia Nacional, reorganiza competencias y estructura institucional y habilita facultades operativas cuestionadas por sectores de la oposición.
Entre los elementos más controvertidos de la reforma está la habilitación para que el personal de inteligencia pueda ejecutar aprehensiones de personas en determinados supuestos. Esta modificación ha generado críticas de distintos bloques opositores, que sostienen que la naturaleza de la medida demandaba un tratamiento legislativo previo y no podía limitarse a un decreto presidencial sin debate parlamentario.
La oposición plantea que el DNU debe ser tratado con urgencia por el Congreso, y en ese marco diputados de Fuerza Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica solicitaron formalmente a las autoridades de las cámaras la conformación de dos comisiones bicamerales clave: una para vigilar las actividades de los organismos de inteligencia y otra para analizar la validez de los DNU.
Frente a esos requerimientos, fuentes del oficialismo dieron a entender que no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios es parte de la estrategia para demorar el tratamiento y limitar el poder de la oposición. En la práctica, esto podría extender la discusión formal hasta fines de enero o incluso marzo, ya que los plazos mínimos para la revisión del decreto no comenzarían a correr hasta que las comisiones estén en funcionamiento.
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El calendario institucional establece que el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles desde la publicación del DNU para remitir el texto al Congreso; una vez realizado ese trámite, la Comisión Bicameral debería tener otros 10 días hábiles para emitir dictamen. Sin embargo, sin la conformación plena de estos organismos, la oposición enfrenta un impedimento de hecho para avanzar más rápidamente en el análisis y debate del decreto.
La posibilidad de que ambas cámaras rechacen el DNU existe, pero la ley exige una mayoría simple en Diputados y en el Senado para anular el decreto. En la práctica, analistas políticos señalan que el Gobierno podría concentrar sus esfuerzos en garantizar el respaldo de al menos una de las cámaras, replicando una táctica utilizada con otros decretos polémicos durante la actual administración.
La negociación política en torno al tema refleja la distribución de fuerzas en el Congreso: la oposición aún intenta consolidar quórum suficiente para forzar sesiones especiales en febrero, mientras el oficialismo confía en que la complejidad técnica del tema y la falta de adhesión de algunos bloques minoritarios dificultarán un avance rápido. La definición final sobre la vigencia y alcance del DNU dependerá, en última instancia, del equilibrio de fuerzas y de la capacidad de cada sector para sumar apoyos en el recinto.
