Industria bajo presión: el costo de la energía subió hasta 300%
La política de liberalización del mercado eléctrico implementada por el Gobierno comenzó a generar un fuerte impacto sobre las pequeñas y medianas industrias. Según denunció Industriales Pymes Argentinos (IPA), el nuevo esquema tarifario provocó aumentos de hasta el 300% en el costo de la energía y llevó algunas facturas a multiplicarse por cuatro.
El cambio comenzó a regir el 1° de noviembre de 2025, a partir de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía. La medida estableció el retiro progresivo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) como eje del sistema y habilitó que grandes consumidores y distribuidoras negociaran directamente con las empresas generadoras.
Sin embargo, lo que el Gobierno presentó como una transición gradual, ordenada y previsible derivó -según los industriales- en un escenario de incertidumbre, aumentos inesperados y conflictos contractuales. De acuerdo con IPA, de unas 6.000 empresas alcanzadas por la reforma, apenas 800 lograron concretar contratos de abastecimiento.
La principal preocupación del sector está vinculada con la aparición de cargos que no estaban contemplados en los contratos originales. La entidad empresaria aseguró que varias compañías comenzaron a recibir facturas con valores cercanos al doble de lo pactado, mientras que en otros casos el monto total llegó a cuadruplicarse.
El impacto no se limita a las cuentas de las empresas. Los industriales advierten que el aumento de los costos energéticos amenaza la continuidad de la producción, agrava el endeudamiento y reduce la capacidad de las pymes para sostener el empleo.
La falta de información y de acompañamiento técnico también fue señalada como uno de los principales problemas. Para muchas empresas, la transición hacia un mercado más complejo se produjo sin herramientas suficientes para negociar contratos ni prever el costo final del suministro.
Un modelo que traslada el riesgo a las empresas
La reforma energética impulsada por el Gobierno prometía mayor competencia y eficiencia. No obstante, la experiencia denunciada por las pymes muestra que el riesgo del nuevo modelo terminó trasladándose directamente a las industrias, que deben afrontar subas imprevisibles y disputas con sus proveedores.
Desde IPA reclamaron la convocatoria urgente a una mesa de diálogo con la participación del Gobierno, las generadoras, las distribuidoras y los usuarios industriales. El objetivo sería revisar los desfases tarifarios y establecer mecanismos que permitan corregir los aumentos aplicados.
Mientras el Ejecutivo sostiene su apuesta por la desregulación, las pequeñas industrias enfrentan una realidad muy distinta: costos que se disparan, contratos que no se respetan y una creciente incertidumbre sobre su futuro. Para el sector, la falta de planificación oficial amenaza con convertir la liberalización eléctrica en un nuevo golpe contra la producción nacional.
