Jorge Macri abre el camino a la reforma del Estado en CABA con retiros voluntarios
El gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, oficializó esta semana la apertura de un plan de retiros voluntarios para empleados públicos como parte de una reforma más amplia del Estado porteño destinada a “ordenar” y “optimizar” la administración local. La medida fue formalizada mediante el decreto Nº 83/2026, firmado por Macri junto al ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y estará vigente hasta el 31 de mayo.
El régimen de retiros voluntarios está dirigido exclusivamente a empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo de la Ciudad que cumplan con ciertos requisitos: tener 45 años o más, al menos cinco años de antigüedad y un mínimo de un año en planta permanente. A quienes adhieran al plan se les ofrecerá una compensación no remunerativa calculada sobre el salario neto habitual, pagadera en hasta 48 cuotas mensuales consecutivas.
El objetivo declarado por el gobierno porteño es “adecuar” el perfil de la planta estatal a las necesidades tecnológicas actuales, promoviendo la salida de parte del personal tradicional para, en paralelo, incorporar profesionales con formación en áreas vinculadas a la tecnología. Desde el GCBA aseguraron que esta reconversión responde a la visión de un Estado más eficiente y adaptado al nuevo contexto productivo.
Al mismo tiempo, el decreto establece exclusiones específicas: no podrán sumarse al régimen trabajadores considerados esenciales o “críticos”, aquellos con sumarios administrativos pendientes, ni quienes, al 31 de diciembre de 2026, tengan 65 años o más y cumplan con los requisitos para jubilarse. Además, quienes opten por el retiro voluntario no podrán reingresar a la administración porteña por un período de cinco años.
La apertura de este plan se da en el marco de una reforma del Estado que el macrismo local viene impulsando desde 2024 y que ya incluyó la eliminación de más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos, así como la supresión de áreas, direcciones y secretarías consideradas redundantes o poco eficientes. Según la gestión, estas transformaciones forman parte de la modernización de la administración pública y responden a una adecuación estructural que busca reducir costos y agilizar procesos.
Sectores opositores y sindicatos estatales han expresado críticas y preocupación por el impacto de estas medidas en el empleo público y en la calidad de los servicios que presta el Estado. A su vez, en la Legislatura porteña, la oposición también cuestiona la profundización del ajuste en un contexto en el que fuerzas como La Libertad Avanza (LLA) han ganado presencia, impulsando discusiones sobre recortes adicionales y privatizaciones en el ámbito local.
El plan de retiros voluntarios y las reformas administrativas plantean un desafío político para Macri de cara a sus objetivos de gestión y sus alianzas en el territorio, al tiempo que reconfiguran el debate sobre el rol del Estado en la Ciudad y su perfil de modernización hacia competencias más tecnológicas y especializadas.
