La Auditoría porteña cuestionó un programa de inclusión de la Ciudad
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó una serie de irregularidades en el programa “Redes por la Inclusión”, una iniciativa destinada a promover la inclusión socioeconómica de personas en situación de vulnerabilidad mediante acciones de acompañamiento, formación profesional y reinserción laboral. Según el informe, el programa contó con un presupuesto de $1.260.026.494, pero presentó deficiencias en los mecanismos utilizados para definir prioridades y evaluar los resultados. El organismo señaló que no existían “parámetros ni sistemas cuantificables” que permitieran justificar cuáles eran las propuestas más convenientes.
El informe de la AGCBA también puso el foco en los convenios celebrados para implementar el programa. En total, se firmaron 29 acuerdos con 15 organizaciones, aunque la auditoría encontró incumplimientos vinculados con la documentación y el registro de esos convenios. Para el auditor general Lisandro Teszkiewicz, estas falencias afectan la transparencia de una política dirigida a sectores vulnerables. “No se puede hablar de inclusión mientras el Estado administra recursos sin criterios para seleccionar proyectos. Cuando se trata de políticas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, la transparencia y el control no pueden ser opcionales”, sostuvo.
Las observaciones alcanzaron además los mecanismos de control sobre el destino de los fondos públicos. La auditoría analizó 15 expedientes y señaló que no encontró informes contables de rendición, planillas de gastos ni comprobantes respaldatorios que permitieran garantizar una adecuada trazabilidad del dinero. De acuerdo con el documento, esta ausencia de documentación dificultó determinar cómo se utilizaron los recursos asignados y evaluar con precisión el cumplimiento de los objetivos establecidos para las organizaciones participantes.
Uno de los principales indicadores analizados fue el impacto del programa sobre la situación laboral de las personas capacitadas. De las 3.206 personas únicas que participaron de las capacitaciones, solamente 584 registraron una mejora laboral, lo que representó una tasa de inserción efectiva del 18,2%. El resultado quedó por debajo del 20% y constituye uno de los principales datos utilizados en el informe para evaluar los resultados concretos de la iniciativa. La auditoría también cuestionó la capacidad del programa para producir mejoras sostenidas en las condiciones de vida de sus destinatarios.
El relevamiento sobre la evolución de la vulnerabilidad mostró, además, un balance negativo. Según el informe, se registraron 417 cambios progresivos o mejoras entre las personas atendidas, mientras que hubo 475 cambios regresivos o empeoramientos. La diferencia arrojó un saldo negativo de 58 casos. El documento concluyó que el programa no logró revertir de manera suficiente las condiciones de vulnerabilidad de la población alcanzada y señaló que las estrategias de acompañamiento no consiguieron consolidar resultados sostenibles.
Teszkiewicz cuestionó especialmente la forma en que fueron evaluados los resultados del programa y sostuvo que la medición no debería limitarse a indicadores administrativos. “Una política de inclusión no puede medirse por la cantidad de veces que se cargó a una persona en un tablero. Hay que saber si esa persona mejoró realmente su vida”, afirmó. El auditor agregó: “Después de millones de pesos invertidos encontramos más retrocesos que mejoras”, y consideró que los resultados plantean interrogantes sobre la eficacia de la política y sobre los mecanismos utilizados para controlar los recursos.
El informe de la AGCBA deja así planteados cuestionamientos sobre tres aspectos centrales de “Redes por la Inclusión”: la selección de los proyectos y organizaciones, la rendición y trazabilidad de los fondos y los resultados obtenidos en materia de inserción y reducción de la vulnerabilidad. En ese sentido, Teszkiewicz sostuvo que “el macrismo porteño lleva años construyendo este proyecto político que anuncia grandes programas, mueve cifras millonarias, pero después deja zonas oscuras cuando hay que explicar cómo se eligió a los beneficiarios o cómo se controló el dinero”. La auditoría constituye el sustento documental de esas observaciones y remite al informe final publicado por la AGCBA.
