La Casa Rosada repartió $33.000 millones a gobernadores aliados
El Ministerio de Economía liberó más de $33.000 millones del Sistema Vial Integrado (SisVial) durante tres períodos que coincidieron con votaciones relevantes para el Gobierno de Javier Milei en el Congreso. Los desembolsos se concentraron entre febrero y mayo y alcanzaron a distintas provincias y empresas vinculadas con obras viales. La coincidencia temporal no permite afirmar por sí misma que haya existido un intercambio de fondos por respaldo parlamentario, pero expone un mecanismo de distribución que quedó bajo la lupa por su magnitud y por el margen de decisión que tiene Economía sobre cuándo liberar los recursos.
El análisis contempla tres ventanas de tres días alrededor de sesiones legislativas. Entre el 11 y el 13 de febrero se desembolsaron $17.139 millones, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y del Régimen Penal Juvenil en Diputados. Entre el 8 y el 10 de abril se liberaron otros $12.551 millones, alrededor de la modificación de la Ley de Glaciares, mientras que entre el 19 y el 21 de mayo salieron $14.096 millones durante el debate de los proyectos Hojarasca y Zonas Frías. En conjunto, esos períodos concentraron una parte significativa de los pagos realizados por el fondo durante los primeros cinco meses del año.
La distribución también mostró una concentración territorial. Jujuy, Misiones y Santiago del Estero reunieron el 41,5% de los desembolsos del SisVial entre enero y mayo. En el caso de Jujuy, la empresa José J. Chediack SAICA recibió casi $12.000 millones para trabajos vinculados con la ruta nacional 34, mientras que en Misiones la unión transitoria Enríquez-Albano obtuvo más de $13.000 millones destinados a obras sobre la ruta nacional 105. También hubo transferencias a vialidades provinciales de Tucumán, Salta y Santa Cruz durante los períodos analizados.
El dato que alimentó las sospechas políticas es que varias de las jurisdicciones beneficiadas estuvieron representadas en el Congreso por legisladores que acompañaron posiciones del oficialismo durante esas votaciones. Tucumán, por ejemplo, recibió más de $2.300 millones en esas ventanas y los representantes vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo respaldaron al Gobierno en las tres sesiones analizadas. En Misiones ocurrió algo similar con los legisladores alineados con Hugo Passalacqua, mientras que Santa Cruz recibió $2.104 millones el 19 de mayo, un día antes del debate sobre Zonas Frías. Sin embargo, el caso de Santiago del Estero introduce un matiz: fue una de las provincias que más fondos recibió, pese a que sus representantes no acompañaron al oficialismo en las tres votaciones.
La discusión se vuelve todavía más sensible por la situación financiera del propio SisVial. El fondo se alimenta de recursos provenientes de los impuestos aplicados a los combustibles y tiene como destino legal la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas. Sin embargo, una parte considerable del dinero recaudado permaneció colocada en instrumentos financieros en lugar de transformarse en obras. De acuerdo con la información analizada, el sistema acumuló alrededor de $1,5 billones y más de un billón permanecía invertido en plazos fijos, letras del Tesoro y otros instrumentos, mientras numerosas obras viales continuaban demoradas.
El punto central, por ahora, es determinar cuáles fueron los criterios utilizados por Economía para definir el calendario de pagos. La coincidencia entre desembolsos y votaciones no constituye una prueba de compra de voluntades, pero sí plantea interrogantes sobre la discrecionalidad con la que se administran fondos que tienen un destino específico. Para despejar dudas será necesario revisar certificados de obra, expedientes, órdenes de pago y las comunicaciones que precedieron a cada transferencia. En un contexto donde el Gobierno necesita negociar permanentemente con los gobernadores y sus legisladores, conocer cómo se distribuyeron los recursos del SisVial resulta clave para establecer si se trató de decisiones estrictamente administrativas o si existieron criterios políticos detrás de la liberación de los fondos.