La Justicia anuló el DNU de Milei sobre ciudadanía
La Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del decreto firmado por Javier Milei que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía por naturalización. El tribunal consideró que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones reservadas al Congreso y reguló una materia vedada para los decretos de necesidad y urgencia.
La Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, mediante el cual el Gobierno nacional había transferido a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina por naturalización. En un fallo de fuerte impacto institucional, los jueces sostuvieron que el Poder Ejecutivo se excedió en sus atribuciones al modificar un régimen vinculado con los derechos políticos mediante un decreto, una materia expresamente vedada por la Constitución Nacional.
La resolución señaló que la ciudadanía no constituye un simple trámite administrativo, sino que habilita el ejercicio de derechos políticos, por lo que cualquier modificación en esa materia debe ser debatida por el Congreso. En ese sentido, el tribunal recordó que el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia en materia electoral, bajo pena de nulidad absoluta e insanable.
Los magistrados también concluyeron que el Gobierno no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran el dictado del DNU. Según el fallo, los argumentos vinculados con la agilización de los trámites o una mayor eficiencia administrativa responden a cuestiones de oportunidad y conveniencia política que deben resolverse mediante el procedimiento legislativo ordinario y no por decreto.
La decisión fue adoptada al resolver el caso de Liping Yang, un ciudadano chino radicado desde hace once años en Entre Ríos, cuya solicitud de ciudadanía había sido rechazada en primera instancia. Al declarar la nulidad del decreto, la Cámara revocó esa decisión y ordenó otorgarle la ciudadanía, además de comunicar el fallo al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones para su cumplimiento.
El DNU cuestionado había sido dictado en mayo de 2025 como parte de una amplia reforma migratoria que también endureció los controles de ingreso y permanencia de extranjeros, introdujo cambios en el acceso a la salud y la educación para no residentes y trasladó a Migraciones una competencia que desde 1869 estaba en manos de los jueces federales. Con este fallo, la Cámara Nacional Electoral restableció el régimen anterior y fijó un criterio que deberá ser aplicado por los tribunales con competencia electoral de todo el país.
