La Justicia frena el Régimen Penal Juvenil en la PBA

La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió preventivamente por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801. La medida fue dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La resolución hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en beneficio de los adolescentes que se encuentran privados de su libertad. El planteo cuestionó la capacidad del Estado bonaerense para implementar la nueva normativa sin afectar los derechos fundamentales de los jóvenes alojados en centros de detención.

Uno de los principales argumentos de la magistrada fue la falta de infraestructura y de recursos materiales para afrontar el posible aumento de la población penal juvenil. La ley reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, por lo que adolescentes de esa franja etaria podrían ser sometidos a procesos penales por delitos contemplados en el Código Penal.

**En su fallo, Pascual advirtió que la modificación puede generar un incremento tanto en la cantidad de ingresos como en el tiempo de permanencia de los jóvenes dentro del sistema. También recordó que su juzgado había establecido un límite de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.**

Aunque reconoció mejoras recientes en la provisión de agua potable, la alimentación y la infraestructura, la jueza sostuvo que aún persisten deficiencias en el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo. Además, señaló que deben reducirse los períodos de aislamiento y advirtió que el hacinamiento puede profundizar la violencia y afectar la seguridad pública cuando los jóvenes recuperen la libertad.

La resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que adopten las medidas necesarias para cumplir con la suspensión. También convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades deberán informar las acciones implementadas y los plazos previstos. El nuevo régimen establece, entre otros puntos, un máximo de 15 años de privación de la libertad, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y contempla penas alternativas, como la reparación del daño, tareas comunitarias y el uso de tobilleras electrónicas.