La Justicia obliga a reactivar obras en rutas de PBA
La Justicia federal dio curso a una acción de amparo colectivo que reclama al Gobierno nacional la reactivación de las obras y tareas de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. La medida apunta a que el Estado retome trabajos considerados esenciales para garantizar la seguridad vial y la conectividad en distintos corredores estratégicos del territorio bonaerense.
La presentación fue impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y solicita que el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación adopten medidas para restablecer las obras financiadas a través del fideicomiso de infraestructura vial creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT. Según los demandantes, la paralización de esos recursos afecta directamente la conservación y el desarrollo de la red vial nacional.
El expediente quedó a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien resolvió admitir el trámite del amparo y requirió informes a los organismos involucrados. Con esta decisión, la Justicia abrió formalmente el proceso para determinar si existió una omisión por parte del Estado en el mantenimiento y la ejecución de obras consideradas prioritarias para la circulación y la seguridad de los usuarios.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que el deterioro de numerosas rutas nacionales genera riesgos crecientes para conductores, transportistas y vecinos de distintas localidades bonaerenses. Además, advierten que la falta de inversión impacta sobre la producción y la logística, especialmente en una provincia que concentra buena parte de la actividad económica y agroindustrial del país.
El reclamo judicial se suma a otras acciones presentadas en diferentes puntos del país por el estado de las rutas nacionales. En las últimas semanas, distintos fallos y amparos buscaron obligar al Estado a intervenir en corredores viales afectados por el desgaste y la falta de mantenimiento, una problemática que se convirtió en motivo de preocupación para gobiernos provinciales, municipios y organizaciones civiles.
Ahora, la resolución de Kreplak coloca el foco sobre la situación de la infraestructura vial bonaerense y abre una nueva disputa entre la Nación y sectores de la oposición. Mientras avanza el proceso judicial, el Gobierno deberá responder a los requerimientos del magistrado y explicar cuál es el estado de los fondos y de las obras cuya reactivación reclaman los demandantes.
