La Justicia ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de rechazar un planteo del Poder Ejecutivo que buscaba suspender los efectos de la resolución judicial. De esta manera, la administración de Javier Milei deberá continuar con la aplicación de la norma mientras avanza el proceso de fondo.

La decisión fue adoptada por la Sala III del fuero Contencioso Administrativo, que desestimó el recurso presentado por el Estado nacional. Los jueces entendieron que no existían elementos suficientes para dejar sin efecto la cautelar, que ya había quedado firme tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno por considerar que no se trataba de una sentencia definitiva.

La medida judicial obliga al Ejecutivo a aplicar los artículos de la ley vinculados a la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de garantizar la recomposición de programas destinados a estudiantes. La cautelar seguirá vigente hasta que exista una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la norma, cuya validez continúa siendo discutida en los tribunales.

El conflicto por el financiamiento universitario se mantiene abierto desde el año pasado, cuando el Gobierno vetó la ley aprobada por el Congreso y luego enfrentó una serie de presentaciones judiciales impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las universidades argumentaron que la falta de actualización de los recursos comprometía el funcionamiento de las instituciones y profundizaba el deterioro salarial del personal.

Desde el ámbito universitario celebraron la resolución judicial al considerar que garantiza, al menos de manera provisoria, el cumplimiento de una norma que busca sostener el sistema público de educación superior. Sin embargo, también advirtieron que la cautelar no resuelve el conflicto de fondo y reclamaron que la Justicia dicte una sentencia definitiva para despejar la incertidumbre sobre el financiamiento de las casas de estudio.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura crítica respecto de la Ley de Financiamiento Universitario y continúa cuestionando su impacto fiscal. Con esta nueva decisión judicial, el Ejecutivo deberá respetar la cautelar vigente hasta que se resuelva el litigio principal, en una disputa que sigue generando tensión entre la administración nacional y el sistema universitario público.