La marcha universitaria terminó con incidentes: gases y camiones hidrantes
La quinta Marcha Federal Universitaria estuvo marcada este jueves por incidentes frente al Congreso de la Nación, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra un grupo de manifestantes, minutos antes del acto central. La movilización fue convocada para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una creciente disputa política y judicial por la aplicación de la norma. Pese a los enfrentamientos, representantes del sector educativo y gremial llevaron adelante la convocatoria y reclamaron una respuesta del Poder Ejecutivo.
Los episodios de tensión se registraron durante la tarde, cuando algunos manifestantes arrojaron piedras y cascotes contra el vallado instalado alrededor del Palacio Legislativo e intentaron derribarlo. Los efectivos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, lo que provocó corridas en las inmediaciones de la avenida Entre Ríos. Mientras tanto, del otro lado de la plaza, el acto central comenzó alrededor de las 16, aunque los estruendos y el despliegue policial interfirieron con los discursos y llevaron a parte de los asistentes a desconcentrarse.
A pesar de los incidentes, los organizadores leyeron un documento en defensa de la universidad pública y definieron la movilización como una “manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda”. El eje del reclamo estuvo puesto en la exigencia de que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso. La protesta volvió a poner en el centro de la agenda el conflicto entre la administración libertaria y las instituciones educativas, que denuncian el deterioro de sus recursos y las dificultades para sostener su funcionamiento.
En el documento, los representantes universitarios advirtieron sobre las consecuencias institucionales del incumplimiento de la norma. “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, expresaron. Además, señalaron que el Congreso aprobó la ley y que el Poder Judicial declaró inconstitucional la intención del Ejecutivo de anularla. En ese marco, recordaron la existencia de una medida cautelar que exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6, vinculados con los salarios del personal universitario y las becas estudiantiles.
Otro de los puntos centrales del reclamo estuvo relacionado con el papel de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico del país. “Hacer ciencia es producir conocimiento, innovación”, sostuvieron los organizadores, al destacar que la investigación académica resulta fundamental para la soberanía del conocimiento, el crecimiento económico y la construcción del patrimonio artístico e intelectual argentino. La defensa del sistema universitario fue presentada, además, como una cuestión estratégica para el desarrollo nacional frente a las restricciones presupuestarias y la disputa por las prioridades del Estado.
Finalmente, los convocantes reivindicaron a la universidad pública como una herramienta de justicia social, movilidad ascendente y soberanía nacional. También advirtieron que la gratuidad no alcanza para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes si no existen recursos para sostener sus trayectorias educativas. La quinta Marcha Federal Universitaria dejó así una nueva señal de confrontación entre el sector educativo y el Gobierno de Milei, con un reclamo concreto por el cumplimiento de la ley y una advertencia sobre las consecuencias sociales e institucionales de prolongar el conflicto.
La visión del Gobierno
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, condenó este jueves los incidentes entre manifestantes y la policía durante la marcha universitaria en las inmediaciones del Congreso. "Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos", disparó.
"Buscan desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", remarcó la funcionaria.
Además, Monteoliva advirtió: "Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia". Y cerró: "En Argentina, nadie está por encima de la ley".
