La pulseada por el INTI: ATE advierte sobre privatización en Metrología
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha tomado medidas judiciales contra el Gobierno nacional, exigiendo la revocación de la Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esta resolución, publicada en diciembre de 2025, elimina funciones centrales del Programa de Metrología Legal y transfiere ciertas responsabilidades a laboratorios y organismos privados. Según ATE, esto "encubre un claro intento de privatización" de un área estratégica del organismo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto de esta norma, advirtiendo que la medida podría poner en riesgo cientos de puestos de trabajo y afectar la seguridad de la población. "Resulta llamativo que sean atacadas, de manera simultánea, todas las funciones de control y fiscalización", escribió en su cuenta de X, enfatizando que los cambios propuestos no solo afectan a los empleados del INTI, sino también a todos los ciudadanos que dependen de mediciones precisas en áreas críticas como el combustible y la salud.
El Programa de Metrología Legal es vital para el control de surtidores de combustible, balanzas comerciales, e instrumentos médicos, entre otros. Aguiar alertó que la desarticulación de esta área tendrá "consecuencias graves" en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y podría permitir la manipulación de mediciones, lo que impactaría negativamente en la seguridad pública. “Parece increíble: nunca imaginamos llegar a un escenario en el que un kilo ya no sea un kilo”, agregó.
ATE INTIMÓ AL GOBIERNO POR LA PRIVATIZACIÓN DEL ÁREA DE METROLOGÍA DEL INTI!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 19, 2026
La recientemente publicada Resolución 213/25 del INTI, que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, encubre un claro INTENTO DE PRIVATIZACIÓN. Es llamativo que sean atacadas… pic.twitter.com/q8YqCUAi68
Desde el Gobierno, la resolución ha sido presentada como parte de un proceso de "modernización administrativa". Según los argumentos oficiales, la decisión busca simplificar los procesos productivos y mejorar la gestión. Sin embargo, ATE sostiene que la medida es un paso hacia la privatización y que se está descuidando la importancia de un control estatal en áreas que afectan directamente a la salud y seguridad de los ciudadanos.
El cronograma establecido por la resolución prevé un cese escalonado de servicios, cuyo impacto se sentirá en diferentes provincias en fechas distintas. Las actividades en el Área Metropolitana de Buenos Aires finalizarán el 31 de enero de 2026, mientras que en otras provincias, como Buenos Aires y Córdoba, la discontinuación de servicios se extenderá hasta junio de ese año. En este contexto, la ATE ha manifestado su preocupación por el bienestar de los 147 trabajadores que dependen directamente de estas funciones.
En conjunto, la situación pone de relieve un creciente conflicto entre el Gobierno y ATE, en un momento donde la inversión estatal en investigación y ciencia ha caído al 0,16% del PIB. La respuesta de ATE y de otros sectores ante estas medidas será crucial para determinar el futuro del Programa de Metrología Legal y el papel del Estado en la regulación de servicios esenciales para la población. La tensión entre la necesidad de eficiencia administrativa y la protección de derechos laborales se intensificará en los próximos meses.
