LLA

La Libertad Avanza (LLA) logró imponer su agenda en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consiguió la aprobación de un proyecto de ley sobre "libertad comercial", destinado a establecer un régimen especial de simplificación administrativa para el desarrollo de actividades económicas en el distrito capitalino. obteniendo la sanción de un texto que reduce las cargas burocráticas y agiliza la apertura y el funcionamiento de comercios, emprendimientos y empresas. La medida contó con 32 votos a favor y 22 en contra. El proyecto de la jefa del bloque de LLA, Pilar Ramírez promueve además el principio de mercado abierto y el reconocimiento de habilitaciones, licencias y registros equivalentes emitidos por otras jurisdicciones argentinas. Los bienes legalmente elaborados o comercializados en otras provincias podrían circular y venderse en la Ciudad sin duplicar inscripciones o controles, aunque el Gobierno porteño conservaría sus facultades sobre seguridad, higiene, salubridad, impacto urbano y condiciones del establecimiento. La autora fundamentó la iniciativa en la necesidad de pasar de una lógica de bloqueo previo a una fiscalización posterior: “Menos trabas innecesarias, más reglas claras; menos papeles, mayor control; menos intermediación burocrática, más libertad”. Uno de los ejes centrales es la habilitación automática para las actividades consideradas de bajo riesgo. La presentación completa de una declaración jurada y de la documentación publicada permitiría iniciar la actividad sin inspección previa, mediante una constancia provisoria. La fiscalización se realizaría con posterioridad y la primera inspección debería concretarse dentro de los 180 días; si no se realizara por causas ajenas al administrado, la habilitación provisoria se convertiría en definitiva. El proyecto también establece el silencio administrativo positivo, de modo que, cumplidos los plazos sin una resolución expresa, el trámite quedaría aprobado de pleno derecho. Se trata de una iniciativa que plantea que los trámites vinculados con el inicio, modificación, renovación, transferencia o baja de actividades se realicen por medios digitales. Para eso, propone crear una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, que permitiría concentrar presentaciones, subsanaciones, consultas, emisión de certificados, descargos y pagos de tasas. También contempla un Legajo Digital Único vinculado al CUIT o CUIL, con el objetivo de que la Administración no vuelva a solicitar documentación que ya se encuentre en poder del Estado. La propuesta alcanza a comerciantes, empresas, cooperativas, profesionales independientes, asociaciones, fundaciones, consorcios, operadores de plataformas y toda persona que ejerza una actividad económica lícita sometida a controles locales. Incorpora, además, un Catálogo Único Digital de Trámites y Requisitos. Allí deberían publicarse, de manera previa, clara y actualizada, las exigencias, formularios, plazos, tasas, inspecciones, normas aplicables y recursos correspondientes a cada trámite. El proyecto establece que ningún requisito podría ser exigido si no figura en ese catálogo y promueve la interoperabilidad entre los registros de la Ciudad y, cuando sea posible, los sistemas nacionales, provinciales y municipales, con resguardo de las normas de protección de datos personales. El proyecto plantea que los trámites vinculados con el inicio, modificación, renovación, transferencia o baja de actividades se realicen por medios digitales. Para eso, propone crear una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, que permitiría concentrar presentaciones, subsanaciones, consultas, emisión de certificados, descargos y pagos de tasas. También contempla un Legajo Digital Único vinculado al CUIT o CUIL, con el objetivo de que la Administración no vuelva a solicitar documentación que ya se encuentre en poder del Estado. La iniciativa incorpora además un Catálogo Único Digital de Trámites y Requisitos. Allí deberían publicarse, de manera previa, clara y actualizada, las exigencias, formularios, plazos, tasas, inspecciones, normas aplicables y recursos correspondientes a cada trámite. El proyecto establece que ningún requisito podría ser exigido si no figura en ese catálogo y promueve la interoperabilidad entre los registros de la Ciudad y, cuando sea posible, los sistemas nacionales, provinciales y municipales, con resguardo de las normas de protección de datos personales.