Media sanción al Super RIGI en diputados
La Cámara de Diputados otorgó media sanción el miércoles al denominado “Súper RIGI”, el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias impulsado por el Gobierno nacional para atraer desembolsos millonarios en sectores vinculados a la innovación tecnológica y las actividades productivas de frontera. La iniciativa, considerada una de las principales apuestas económicas de la administración de Javier Milei, fue aprobada tras una extensa sesión y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto está destinado a captar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en actividades que el oficialismo define como “industrias del futuro”. Entre ellas figuran desarrollos de inteligencia artificial, centros de datos, fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, biotecnología, infraestructura digital estratégica, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio, entre otras actividades emergentes.
Para fomentar la llegada de capitales, el régimen contempla una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre los principales incentivos se encuentran una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exenciones para importaciones y exportaciones, reducción de contribuciones patronales y estabilidad normativa por un plazo de 30 años. Además, prevé mecanismos de libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales en caso de controversias.
Durante el tratamiento legislativo, el oficialismo incorporó modificaciones reclamadas por bloques aliados como el Pro, la UCR y representantes de provincias. Entre los cambios más relevantes figura la incorporación de una cláusula que promueve la contratación de al menos un 20% de proveedores locales, con el objetivo de generar encadenamientos productivos y favorecer el desarrollo de empresas nacionales vinculadas a los nuevos proyectos de inversión.
“Le dan estabilidad económica a los grandes capitales e incertidumbre total a millones de argentinos que no saben si van a poder pagar el alquiler, abrir la persiana del negocio o comer mañana”, expresó durante la votación la diputada nacional Roxana Monzón (UxP) quien también puso foco en la delicada situación de los jubilados y jubiladas “que no saben si va a poder comprar los tres remedios que necesitan para no abandonar el corazón o el riñón”.
"La ley no busca promover el desarrollo nacional ni fortalecer a las PyMEs. Es un régimen de excepción construido para un grupo reducido de grandes corporaciones que recibirán privilegios que ningún comerciante, ninguna industria nacional y ningún trabajador argentino tendrá. Desde que gobierna Javier Milei, cerraron 26.500 empresas, de las cuales el 98% son pymes, ese es el marco en el que se decidió asegurar durante 30 años estabilidad tributaria, beneficios impositivos y ventajas cambiarias para quienes menos necesitan la protección del Estado. Este proyecto es una continuidad del ajuste sobre salarios, jubilaciones, universidades, ciencia, salud y producción nacional. El mensaje político es claro: ajuste para el pueblo; privilegios para las grandes corporaciones", agregó.
“La pregunta tramposa no es inversiones si o no, la pregunta es: ¿cuál es el precio de estas inversiones? ¿Cuánto vale renunciar a las regalías? ¿Cuánto vale renunciar a los proveedores locales y nacionales? ¿Cuánto vale renunciar a que un juez argentino resuelva los conflictos en territorio argentino? Esa es la pregunta: porque un capital serio no necesita impunidad”, sostuvo Roxana Monzón durante el debate en el que diputados y diputadas de Unión por la Patria alertaron sobre las consecuencias concretas de esta ley.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema complementa y profundiza el RIGI aprobado junto con la Ley Bases, orientándolo específicamente a actividades que todavía no se desarrollan a escala comercial en la Argentina o que se encuentran en etapas experimentales. La apuesta oficial apunta a posicionar al país como un polo regional de innovación y atraer empresas vinculadas a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas.
La aprobación en Diputados representó una nueva victoria legislativa para el Ejecutivo, que logró reunir el respaldo de sus aliados para avanzar con uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su agenda. No obstante, la iniciativa también despertó cuestionamientos de sectores opositores, que advirtieron sobre el alcance de los beneficios otorgados a grandes inversores y reclamaron mayores precisiones sobre los mecanismos de control y el impacto que tendrá el régimen sobre la industria nacional. Con la media sanción obtenida, el debate se trasladará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará convertir el proyecto en ley.
