Medios públicos porteños: ENACOM denuncia ilegalidad
La disputa por la concesión de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) advirtiera formalmente sobre la “ilegalidad” del proceso impulsado por la administración de Jorge Macri. El organismo nacional presentó ante la Justicia un documento en el que sostiene que la licitación para privatizar la operación del Canal de la Ciudad y las radios AM 1110 y FM 92.7 “colisiona” con la legislación vigente.
La presentación fue incorporada al expediente que tramita en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, donde trabajadores de los medios públicos reclaman una medida cautelar para frenar el proceso licitatorio. En paralelo, el Ejecutivo porteño ratificó que continuará adelante con la apertura de sobres prevista para el 12 de mayo.
El conflicto gira en torno a la decisión del Gobierno porteño de concesionar por cinco años la operación de La Once Diez, La 2x4 y el Canal de la Ciudad a empresas privadas, a cambio de un canon cercano a los 719 millones de pesos. Según el ENACOM, la iniciativa vulneraría el artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece el principio de “indelegabilidad” sobre la explotación de licencias audiovisuales.
COMUNICADO DE PRENSA DE LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS PÚBLICOS
— Somos los medios públicos de la Ciudad (@losmediosciudad) May 8, 2026
8 de mayo de 2026
El ENACOM le dijo al Poder Judicial que los trabajadores de los medios públicos de la Ciudad tenemos razón
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En el escrito presentado ante la Justicia, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, advirtió que si la Ciudad insiste con la licitación podrían iniciarse actuaciones sancionatorias que incluso contemplan la caducidad de las autorizaciones de operación de las frecuencias. El ente regulador sostuvo que las frecuencias radioeléctricas son otorgadas por el Estado nacional y que cualquier delegación de la explotación debe ajustarse a la normativa federal.
Tras conocerse la posición del ENACOM, trabajadores de los medios públicos porteños volvieron a reclamar que se suspenda la concesión y pidieron una resolución urgente de la Justicia. Además, cuestionaron que los pliegos no garanticen la continuidad laboral de los cerca de 500 empleados que actualmente se desempeñan en las radios y el canal estatal. Organizaciones sindicales y sectores de la oposición también denunciaron que el proceso representa una “privatización encubierta” de los medios públicos porteños.
Mientras tanto, desde la gestión de Jorge Macri defendieron la licitación y aseguraron que el objetivo es lograr una administración “más profesional, moderna y eficiente” sin afectar el rol social y cultural de los medios. Sin embargo, el avance de la causa judicial y la advertencia formal del ENACOM abrieron un escenario de creciente tensión política e institucional entre el Gobierno porteño y el organismo nacional encargado de regular los servicios audiovisuales.
