Milei apuesta a un nuevo mecanismo para el control del gasto público
El se reunió el martes en Olivos con los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, para delinear el “formato final” de este mecanismo que incluye la reforma de la carta orgánica de la entidad. Milei dijo que ese texto estará “interrelacionado” con otras leyes: de mercado de capitales, inocencia fiscal II, mercado de seguros y reglas fiscales.
Esto nuevo proceso implicaría el cierre temporal del Estado cuando se agoten los recursos presupuestarios. "Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", afirmó Milei, marcando un antes y un después en la gestión pública del país.
El modelo estadounidense como referencia
El "shutdown" es un procedimiento conocido en Estados Unidos, donde ocurre cuando el Congreso no logra aprobar las partidas presupuestarias para el año fiscal siguiente. Por ejemplo, en 2025, durante la administración de Donald Trump, se registró un cierre administrativo de 43 días que afectó a servicios considerados no esenciales. Aproximadamente 900.000 empleados fueron enviados a sus hogares sin goce de sueldo, mientras que otros 700.000 continuaron en funciones críticas, aunque sin recibir su salario inmediato.
¿Cómo funcionaría en Argentina?
Aunque la medida aún no fue reglamentada, Milei adelantó que el criterio general será que una vez consumidos todos los recursos asignados a un organismo, éste no podrá seguir realizando más gastos. Esta iniciativa se discute en paralelo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca prohibir el financiamiento monetario del Tesoro de manera definitiva.
En contraste con el modelo estadounidense, donde el cierre ocurre por falta de aprobación legislativa, en Argentina el apagón se dispararía al agotarse efectivamente el presupuesto asignado. Sin embargo, aún resta definir qué gastos quedarían exceptuados, ya que el shutdown no abarcaría todas las áreas del Estado. Obras públicas, contrataciones, campañas oficiales, programas sociales, salarios y transferencias a provincias son algunos de los rubros que podrían verse afectados.
Desafíos y tensiones políticas
Uno de los principales desafíos será definir el alcance del mecanismo: si se aplicará por ministerio, jurisdicción, programa o partida presupuestaria. Además, la relación con los gobernadores puede verse tensionada, ya que muchas transferencias provinciales dependen del presupuesto nacional y podrían suspenderse si se agotan las partidas, lo que abriría nuevas negociaciones políticas.
El Gobierno también debe preparar un marco legal sólido para evitar que el shutdown sea bloqueado judicialmente, ya que la suspensión de pagos o programas podría desencadenar múltiples demandas. Otro punto clave en discusión es quién tendría la autoridad para activar el cierre, evaluándose opciones como el control desde el área presupuestaria del Ejecutivo o la automatización del sistema financiero para impedir nuevos gastos sin crédito disponible.
Sectores afectados y excepciones
Siguiendo el modelo estadounidense, las primeras actividades en detenerse serían las consideradas no esenciales. En Argentina, esto podría incluir nuevas contrataciones, programas sin ejecución crítica, gastos administrativos, campañas, eventos y compras no urgentes. Por otro lado, gastos permanentes como salarios públicos, jubilaciones, seguridad, salud y servicios esenciales serán difíciles de suspender sin generar un impacto legal, social y político.
Lecciones del shutdown en Estados Unidos
El mecanismo original en EE.UU. se activa cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto, suspendiendo operaciones hasta lograr un acuerdo. En anteriores shutdown, miles de empleados públicos fueron enviados a sus casas en licencia sin goce de sueldo ("furlough"), mientras que trabajadores esenciales continuaron sin cobrar hasta la reactivación. El cierre más reciente, en 2025, afectó a más de 750.000 empleados federales con estas condiciones.
Entre los servicios suspendidos en EE.UU. durante el shutdown se encuentran el cierre de parques nacionales y museos, inspecciones alimentarias, audiencias de inmigración y préstamos federales para pequeñas empresas. En cambio, el correo postal, control aéreo, seguridad en aeropuertos, fuerzas armadas, agencias de inmigración y programas sociales como Seguridad Social y Medicare siguieron operativos, aunque con algunas demoras administrativas.
Un cambio trascendental en la gestión pública argentina
La decisión de adoptar un "shutdown" marca un cambio profundo en la política fiscal y administrativa argentina, con un claro guiño a la cultura política estadounidense. El Gobierno de Milei encara una reforma que podría redefinir el funcionamiento del Estado y su relación con el presupuesto y los recursos públicos. El proyecto será clave para definir el futuro del gasto estatal y la estabilidad financiera en el país.
Banco Central
Además, el presidente Javier Milei dio detalles sobre la reforma a la carta orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsan desde el Gobierno.
“Lo que permitía la carta orgánica era emitir indiscriminadamente y por cualquier motivo. La consecuencia es obvia: cuando llegamos al poder teníamos una inflación del 1.5% diario... No hay que ser un genio para mirar la dinámica de la inflación“, consideró al respecto de la modificaciones establecidas sobre la ley durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA en 2012 y que ahora la administración mileísta busca derogar.
Para el Presidente, esa modificación amplió las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, debilitó su independencia y justificó una expansión monetaria que alimentó el proceso inflacionario de los años siguientes.
Milei puso el foco especialmente en el artículo 3 de la actual Carta Orgánica, que define los objetivos del BCRA. “Vamos a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco: va a estar penado por ley. También vamos a apuntar al Poder Ejecutivo y a los miembros del legislativo que quieran hacer disparates sancionando leyes que no tienen contrapartida presupuestaria", subrayó en diálogo con El Observador.
