Milei apunta a modificar acceso a la Corte
El presidente Javier Milei firmó un decreto que introduce cambios en el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia y flexibiliza una serie de requisitos establecidos hace más de dos décadas. La medida, que será publicada en el Boletín Oficial, modifica el mecanismo creado por el decreto 222/03 durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Entre las principales modificaciones, el Gobierno eliminó las recomendaciones que instaban a considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para integrar el máximo tribunal. Según fuentes oficiales, el objetivo es agilizar el proceso de selección y evitar instancias administrativas consideradas redundantes.
La nueva normativa también suprime la obligación de publicar durante varios días los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional. Además, deja sin efecto el mecanismo mediante el cual ciudadanos, organizaciones civiles y colegios profesionales podían presentar observaciones o impugnaciones sobre los candidatos antes de que sus pliegos llegaran al Senado.
Desde la Casa Rosada sostienen que los cambios no implican una reducción de la transparencia, sino una simplificación del procedimiento. El argumento oficial es que gran parte de los controles y debates terminan desarrollándose posteriormente en la Cámara alta, donde los postulantes deben obtener el acuerdo de los senadores para acceder al cargo.
La decisión se produce en medio de las dificultades que enfrentó el Gobierno para completar las vacantes existentes en la Corte Suprema. Desde el inicio de la gestión libertaria, la designación de magistrados para el máximo tribunal se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Senado.
Con esta reforma, la administración de Milei busca acelerar los tiempos de cobertura de cargos judiciales y avanzar en la conformación de una Corte que continúa funcionando con menos integrantes de los previstos por la ley. La medida ya genera debate entre especialistas y sectores de la oposición, que cuestionan la eliminación de mecanismos de participación ciudadana incorporados al sistema hace más de veinte años.
