Los médicos Pablo Félix Bonazzola y Antonio Héctor De Luca -postulados por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo de Administración del Hospital Nacional de Pedriatría (S.A.M.I.C.) "Profesor Juan Pedro Garrahan"- fueron cuestionados durante la Audiencia Pública que se realizó el pasado 26.
Si bien las impugnaciones recayeron sobre ambos profesionales, quien quedó con menores chances de alcanzar el cargo fue De Luca. A diferencia de Bonazzola, a De Luca se le señaló su falta de trayectoria como sanitarista y pediatra y fue duramente criticado por el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan, Eduardo Silvestre. Este último se preguntó qué criterios se habían utilizado para "seleccionar dos profesionales con tamaña diferencia curricular". "Quizás, lo político es un elemento excluyente", se contestó.
También presentó un informe con 1400 firmas de profesionales y no profesionales del hospital, que avalan sus críticas y un pedido de mayor participación a la hora de las designaciones. Precisamente, el método de elección de los miembros del Consejo de Administración fue algo que la mayoría de los oradores criticó.
La idoneidad profesional de Bonazzola para ocupar el cargo no fue cuestionada, debido a que cuenta con un frondoso currículum vinculado al sanitarismo. Sin embargo, un representante de la Junta Interna de ATE le observó que, cuando ocupó la secretaría de Salud de la Ciudad, "no dijo una palabra" acerca de un aumento de sueldo (de 6 mil a 9 mil pesos) que se autootorgó el Consejo de Administración hace dos años.
A Bonazzola lo apadrina el Partido Socialista Popular, la misma agrupación de la que forma parte la presidenta de la Comisión de Salud, Clorinda Yelicic. Este partido hasta hace poco tiempo formó parte del Frepaso. De Luca pertenece a la Unión Cívica Radical y su trayectoria está vinculada fundamentalmente a la gestión pública.
De las 24 impugnaciones presentadas ante la Junta de Ética y la Comisión de Salud de la Legislatura solamente dos habían sido aceptadas debido a que, según se argumentó, las demás no versaban sobre la idoneidad profesional de los postulantes sino acerca del método de elección. Tras varios pedidos formulados por los diputadas María Lucila "Pimpi" Colombo (PJ) y Vilma Ripoll (IU) el presidente de la Audiencia, Alberto Fernández (PJ) permitió la alocución de todos los anotados.
