A fines de la semana pasada, los empleados de los juzgados de los fueros Contencioso Administrativo y Tributario, y Contravencional y de Faltas iniciaron un paro en reclamo de un aumento salarial de 200 pesos. El Consejo de la Magistratura quiere pagar el incremento hasta mayo con cuatro millones de pesos que sobraron por la tardía apertura de juzgados, pero una ley impide que esta plata se destine a salarios.
Una de las soluciones que encuentran las autoridades es que la Secretaría de Hacienda tome estos fondos y los redestine luego, claro que esta decisión deberá ser refrendada por la Legislatura. Los problemas que encontraría esta medida son, primero, que faltarían para el resto del año 2004 otros ocho millones de pesos, que Hacienda no piensa girar; y segundo, que el Gobierno teme que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires cumpla con su promesa: si se les da el aumento a los judiciales reclamarán un beneficio similar para el resto de los empleados estatales.
Además, la Secretaría de Hacienda no quiere hacerse cargo del costo politico, ya que sus funcionarios entienden que es un problema generado en el ambito de la Justicia a partir de una resolución interna del Tribunal Superior, que le concedió un aumento a sus empleados y generó un efecto dominó de reclamos en los juzgados porteños.
Uno de los remedios que algunos avisoran para el conflicto político es que el tema se resuelva en reuniones paritarias entre los empleados y los funcionarios del Consejo de la Magistratura, tal como ocurrió en la Legislatura con el reconocimiento de los años de antigüedad. Sólo así Hacienda devolvería los cuatro millones de pesos y serían distribuidos para salarios a lo largo del año.
Entretanto, los empleados de los juzgados marcharán el martes a las 10 a la sede del Consejo de la Magistratura, donde los consejeros realizarán un plenario para debatir las posibles soluciones al conflicto que, desde el jueves, mantiene paralizados a los juzgados.
