Ni bien ocurrió la tragedia de República Cromañón, el macrismo pidió la interpelación del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. A la hora de votar este proyecto en el recinto de la Legislatura porteña, los votos no alcanzaban dado que el oficialismo y sus aliados no acompañaban la votación.
Faltando pocos votos para lograr la interpelación tan ansiada por los familiares de las víctimas -quienes con el dolor en carne viva, reclamaban explicaciones por parte del que consideraban responsable de la tragedia- todas las miradas apuntaron al kirchnerismo. Fue ese el momento donde comenzó a tomar fuerza la posibilidad de conformar una comisión investigadora del caso Cromañón.
Si bien el primero en presentar una propuesta en este sentido fue el diputado Milcíades Peña (Confluencia), fue la salida elegante que encontró el Frente para la Victoria para un conflicto que creían que iba a diluirse con el tiempo. Apostaban a que la Justicia hiciera su trabajo con la lentitud acostumbrada y no fuera necesaria una rápida definición política por parte del presidente de la Nación, Néstor Kirchner, sobre su respaldo o no a Ibarra, dado que lo había apoyado para que fuera reelecto como jefe de Gobierno.
Luego de varias idas y vueltas, la Legislatura decidió aprobar una resolución creando la Comisión Investigadora. El proyecto aprobado fue redactado por el vicepresidente segundo, Miguel Talento (Frente para la Victoria), quien consensuó las diferentes iniciativas presentadas por Peña, Ricardo Busacca (Alternativa Federalista), Norberto La Porta y Roy Cortina (Partido Socialista).
La Comisión se creó inicialmente con 15 integrantes. Luego se decidió ampliar el número a 17 y, finalmente, quedó conformada por 16 diputados que representaban a casi todo el arco político de la Legislatura.
Fueron elegidos para integrarla por sus respectivas fuerzas políticas los diputados Ricardo Busacca (Alternativa Federalista); Diego Santilli y Álvaro González (Juntos por Buenos Aires); Fernando Cantero (ARI); Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre); Martín Borrelli y Gabriela Michetti (Frente Compromiso para el Cambio); Roy Cortina (PS); Diego Kravetz y Talento (Frente para la Victoria); Alicia Caruso (Frente Grande); Milcíades Peña (Confluencia); Fernanda Ferrero (en ese entonces Recrear, ahora Juntos por Buenos Aires); Marina Pérez y Carlos Ameijeiras (Partido de la Ciudad) y María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural).
La primera reunión se llevó a cabo el viernes 1 de abril y fue un caos. Como era previsible, los familiares no pudieron contener su desesperación y bronca y reaccionaron violentamente frente a la presencia de varios diputados en la Comisión. Lo que no era previsible es que otros legisladores se montaran en esa actitud (totalmente comprensible) para defenestrar a sus colegas y arengar a los familiares que estaban tranquilos.
En esa oportunidad, y pese a la oposición de los familiares de las víctimas, se eligió como presidente de la Comisión al pattista Ricardo Busacca, quien recibió seis votos contra los cuatro que obtuvo Ferrero y los tres conseguidos por Milcíades Peña. Luego de esta designación -el grueso de los padres aseguraba que la vinculación de Busacca con el diputado Jorge Mercado (quien profesa un cierto grado de amistad con el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra) iba a implicar que la Comisión no investigara-, se desató la tormenta.
Los incidentes -que por poco no terminaron en golpes- estuvieron motivados básicamente por la presencia de diputados "oficialistas" en la Comisión. Los insultos fueron, sobre todo, dirigidos la única legisladora ibarrista, quien decidió retirarse del encuentro.
Alicia Caruso había realizado una fervorosa defensa a Ibarra durante su segunda concurrencia voluntaria a la Legislatura. En esa oportunidad, la legisladora aseguró conocer profundamente a Ibarra y destacó su sentido democrático y su valentía para enfrentar este tema. Lo cual le valió más de un insulto de la tribuna, que decidió darle la espalda a los dichos de la diputada.
Pero Caruso no fue la única cuestionada por los familiares presentes: Ameijeiras y Pérez también corrieron la misma suerte, ya que pidieron que se los excluya de la Comisión por estar ligados a la ex directora general adjunta de la Subsecretaría de Control Comunal, Ana María Fernández, quien fue nombrada en ese cargo a instancias del Partido de la Ciudad, al que ambos pertenecen.
Otro de los diputados muy criticados fue el kirchnerista Miguel Talento (Frente para la Victoria). En su caso, los familiares aludían que fue otro de los legisladores que no votó a favor de la interpelación a Ibarra, y a su relación con Gustavo Torres, ex director de Verificaciones. Días después, el juez de la causa, Julio Lucini, procesó a Torres y a Fernández.
Si bien la primera reunión de la Comisión no se caracterizó por la pluralidad democrática ni por la tolerancia política, era casi obvio que algo así podía pasar. Por lo que la renuncia del kirchnerismo, Caruso, Ameijeiras, Pérez y Busacca se puede considerar un tanto apresurada, y eso deja "tuerta" la visión de que la Comisión tiene perfil opositor. Le trataron de quitar legitimidad, no presentándose, al igual que hiciera Carlos Menem con Néstor Kirchner en la segunda vuelta electoral. Lo mismo ocurre con la dimisión de Cortina, quien no fue cuestionado por los familiares pero no quiso continuar en la Comisión.
Fuentes cercanas a algunos de los diputados renunciantes reconocieron que "muchos apostaron a que la Comisión se iba a caer. Incluso, un diputado se había comprometido a renunciar posteriormente para dejar sin quórum a la Comisión, pero finalmente no lo hizo".
Mas allá de las especulaciones políticas que se produjeron en ese momento, la Comisión comenzó a funcionar y se volvieron a elegir las autoridades. Tal vez designar como presidenta a Ferrero no fue lo mejor, dado que la diputada había manifestado públicamente que Ibarra tenía que estar preso, pero se optó por ella antes que por Milcíades Peña, ya que podía ser criticado por estar condicionado porque perdió a su ahijado en la tragedia.
Una vez constituida nuevamente la Comisión, se intentó que otros bloques participaran. A tal efecto, la vicepresidencia primera de la Legislatura convocó en tres oportunidades a los bloques para que enviaran sus representantes, pero no hubo caso. "Si del kirchnerismo nadie quería ir, y ellos fueron los que plantearon la creación de la Comisión, imaginate los demás partidos", explicó un funcionario de la Legislatura.
De ahí en más, los nueve miembros de la Comisión empezaron a transitar un camino de cuatro meses -con sus pros y contras- que los llevará a una definición en torno a las responsabilidades políticas en la tragedia. Será en los dictámenes donde se reflejará el trabajo de la Comisión con sus aciertos y errores. Y la calidad de sus fundamentos demostrarán si tienen razón o no quienes se han encargado de desestimar lo hecho por los legisladores.
