Las jirafas desataron una polémica en la Legislatura

Las jirafas desataron una polémica en la Legislatura

Las columnas de publicidad, también llamadas jirafas, instaladas en la vía pública deberán ser retiradas, de prosperar un proyecto que contempla facilidades a quienes lo hagan ahora. El problema es cuanto tiempo debe dársele a los comerciantes para que retiren este tipo de publicidad, que fueron objeto de operativos en el 2001 pero luego quedaron en el olvido


La Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura acordó un despacho para que se establezca un período de gracia de 180 días -en el que no se cobran multas- para que los comerciantes retiren las columnas de publicidad ilegal. No obstante el plazo fue cuestionado en el recinto y la iniciativa peligra.

El camino hacia esta situación había comenzado el jueves 22 de julio cuando luego de aprobarse en general, la sesión quedó sin quórum. Una semana más tarde, se evidenció el debate por el plazo y las disidencias hicieron que el proyecto quedara reservado en Secretaría Parlamentaria.

Los legisladores de Compromiso para el Cambio Martín Borrelli y Paula Bertol, autores de la iniciativa, promovían en un primer momento un plazo máximo de 30 días, pero luego aceptaron las recomendaciones de la comisión y elevaron el tiempo previsto a seis meses, "porque las columnas son muy pesadas y voluminosas". Pero el también macrista Ricardo Busacca no quiere otorgarles más de 30 días a los comerciantes para que retiren las jirafas y a través de una observación al despacho sentenció que "ha transcurrido tiempo suficiente para proceder al retiro definitivo de todos los postes".

El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, había lanzado el 30 de noviembre de 2000 el Programa Veredas Libres, que hasta mediados de 2001 permitió que se censaran 2.651 columnas de publicidad en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales aproximadamente 1.041 fueron retiradas. Ahora, la idea es que se les dé a los comerciantes un plazo de entre 30 y 180 días para retirarlas, en el que no se apliquen multas, para que luego, en no más de cuatro meses el Gobierno de la Ciudad proceda a retirar las que queden en pie, esta vez sí cobrando las sanciones y el costo de los operativos pertinentes.

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