Una nueva acción de amparo continúa la pelea del Gobierno porteño y el sindicato de municipales. Sucede que el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) inició un amparo a raíz de un informe no oficial de la Auditoria General de la Ciudad, que difundió el macrismo.
Ese informe -en realidad preeliminar- plantea supuestas irregularidades en la obra social de los municipales. El dilema es que el Gobierno lo difundió antes de ser aprobado por la Auditoria y sirvió como fundamento para la intervención de la ObSBA que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, todavía dirime en los tribunales.
Los gremialistas sostienen que se violó la confidencialidad del informe y que tenía errores.
SUTECBA solicitó al titular del juzgado N° 2 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario Andrés Gallardo convocar a una audiencia, la cual se realizará el martes de la semana próxima, a las 10, con la presencia de la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, el procurador General, Pablo Tonelli y el interventor de la ObSBA, Jorge Rey, en representación del Ejecutivo porteño. También asistirán miembros del gremio municipal y la titular de la auditoria Sandra Bergenfeld. Ésta última había difundido que el informe era un borrador y lo habían entregado al Gobierno con intencionalidad política.
La audiencia pública será desarrollada en Uruguay 485, en el salón principal de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA). El operativo de seguridad ya esta diseñado para evitar todo tipo de agresiones.
Para el gremio hubo ?errores sustanciales? en el preinforme de la Auditoría, que detectaba una serie de supuestas irregularidades en la rendición de cuentas de la obra social en un subsidio de seis millones de pesos concedido por el Gobierno porteño. El documento advertía sobre irregularidades en las facturas que presentó la obra social y fue uno de los argumentos que usó el macrismo para intervenir la ObSBA.
El problema legal fue que el preinforme no había sido aprobado aún por la auditoria y era de carácter reservado.
El juez Gallardo falló a favor de los 2300 despedidos, exigió la nómina de los cesanteados ?nunca entregada? y obligó a sumar a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la paritaria en la que Macri negocia exclusivamente con el sindicato comandado por Amadeo Genta.
