En una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad emitida este jueves, su titular -Alicia Oliveira- le da un plazo de diez días a la presidenta de la Legislatura porteña, Cecilia Felgueras, para que tome medidas urgentes para "preservar el patrimonio cultural que se encuentra depositado en la hemeroteca ‘José Hernández’".
La Hemeroteca de la Legislatura, que es la tercera en importancia de la Argentina, tiene más de 6.200 tomos de colecciones de diarios nacionales, gran parte de los cuales no pueden ser consultados por el público, dado que están arrumbados en habitaciones del subsuelo, donde se repiten filtraciones e inundaciones.
La hemeroteca fue fundada a fines de 1880 y es la única colección completa del diario La Razón, que comenzó a circular en 1905. Además tiene los ejemplares de La Prensa desde 1892, de La Nación desde 1912, de Clarín desde 1945, de La Argentina de 1903 a 1945, de Libertad desde 1928 a 1942, de La Opinión de 1917 a 1979, de Tiempo Argentino desde 1982 a 1986 y del Cronista Comercial desde 1968.
Además, sus empleados realizan un seguimiento temático de noticias sobre más de 350 casos relevantes; entre ellos: el golpe militar de 1976, la desaparición forzada de personas, la matanza de Bundge, la guerra de Malvinas, el caso Carrasco, la derogación de los edictos policiales porteños y el caso María Soledad Morales.
El artículo de La Prensa -publicado el miércoles- que generó la resolución de la Defensoría, indicó que, "según profesionales del área, de no adoptarse medidas urgentes, devendría la destrucción definitiva de este importante lugar de la memoria colectiva de los argentinos que data de fines del siglo XIX".
En reiteradas ocasiones el Circulo de Periodistas de la Legislatura reclamó tanto a los legisladores como a las autoridades de la casa que salven la hemeroteca. "La defensa de la Hemeroteca de la Legislatura porteña es irrenunciable. Se trata de la memoria colectiva argentina durante más de un siglo y estos materiales periodísticos están en peligro. El propósito es que cada uno en su espacio aporte a esta brega común", afirmaron.
"La preservación de material periodístico que relata la historia de la Ciudad y del país no es sólo una obligación que el Gobierno tiene para con los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es una obligación contraída con la comunidad internacional en su conjunto", concluyó Oliveira, que en la resolución prometió que, si en diez días no se toman medidas al respecto, recurrirá a la justicia para que las autoridades administrativas cumplan con sus obligaciones jurídicas.
