"A los cachetazos la echaron del depósito a Rocío. Todo eso delante de nosotros", denunció el rubio Ezequiel Conde, uno de los trabajadores en el depósito de la empresa SOHO, al referirse al trato que, según acusó, brindaban las autoridades de la compañía. "Rocío es sobrina de la señora Verón, socia del dueño, y vivían juntas hasta que Verón la echó del trabajo. Se tuvo que quedar a dormir en mi casa", continuó la anécdota Carla Martínez, la morocha de pequeños ojos que trabaja en la sección de control de calidad, en un local no reconocido por SOHO ubicado en Díaz Colodrero 3562, barrio de Villa Urquiza.
Los dos jóvenes empleados que reprodujeron ante Noticias Urbanas la historia antes citada, también denunciaron en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Subsecretaría de Trabajo, son los primeros delegados en SOHO. Los delegados Conde y Martínez aportaron pruebas fundamentales para que el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Patricio Evers, solicitara este lunes el llamado a indagatoria de la patronal de SOHO, dejándola al borde del procesamiento y a meses del juicio oral, por delitos de extrema gravedad.
De todas maneras, los delegados gremiales, mal encuadrados en el gremio de Comercio, no fueron los primeros en denunciar que SOHO terceriza su producción en talleres textiles clandestinos dispersos en la Capital Federal, que violan la ley de trabajo a domicilio y de migración. "Sergio Molina y Adrián Mota, actualmente despedidos, tenían trato con los talleristas que llegaban a SOHO. Ellos escuchaban cómo se reían de los costureros a los que los talleristas hacían trabajar hasta que se quedaban dormidos y los sacaban en andas de las máquinas para reemplazarlos por otros. Los chicos no aguantaron más esa situación y decidieron acercarse a La Alameda (la organización pionera en la erradicación del trabajo esclavo en la Ciudad)".
El listado con más de 30 talleres textiles clandestinos que presuntamente operaban con SOHO, que lograron rescatar los empleados despedidos y también los delegados, más los testimonios y los allanamientos encabezados por Gendarmería constituyeron las pruebas presentadas al juez federal Norberto Oyarbide por el fiscal Evers para que efectivice la indagatoria sobre el argentino dueño de la empresa que comercializa la marca SOHO, Nelson Alejandro Sánchez Anterino, y sus socios Gabina Sofía Verón, de la firma Gilmer SA, y Hermes Raúl Luis Provenzano, apoderado de la firma Radya SA.
"Con el objeto de lograr mayores ganancias, han tercerizado parte de la confección de las prendas de vestir en talleres donde trabajan extranjeros indocumentados, realizando extensas jornadas laborales e incluso viviendo en el mismo lugar. SOHO utiliza a las sociedades Gilmer y Rayda para su giro comercial, y el velo de las sociedades comerciales es responsabilidad principal de Alejandro Sánchez Anterino, propietario del depósito en la calle Díaz Colodrero", aseguró el fiscal en su pedido de indagatoria.
LOS QUE ESTÁN EN LA MIRA
"Es conveniente advertir que la investigación no debería circunscribirse exclusivamente a los responsables directos de estos talleres, si es que la cadena hasta la comercialización demuestran aquellos que pudieron favorecerse con esta actividad mediante el encargo de trabajos en estas condiciones denunciadas por la Defensoría del Pueblo", dieron cuenta los cuatro jueces integrantes de la Cámara Federal, que ordenaron al juez Oyarbide hacerse cargo de la megacausa por los talleres textiles, y ahora le ordenan redoblar la apuesta.
El magistrado, recordado popularmente por el affaire Spartacus, deberá actuar sobre las empresas de ropa denunciadas en conjunto por el Gobierno porteño y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad: Kosiuko, Cheeky, Puma y Topper, entre otras.
La decisión de la Cámara Federal de investigar a los peces gordos y "neoesclavistas" en la producción textil se enmarca en la sentencia que ratificó el procesamiento sin prisión a los primeros talleristas allanados, Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores Alarcón, recordados por su connivencia con la comisaría 40 de Parque Avellaneda. Ellos producían para Lacar, Montagne y Rusty. La Cámara también procesó a talleristas apresados en un operativo de efectivos de Gendarmería Nacional que incluyó 14 talleres textiles.
El 25 de octubre de 2005, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, denunció ante la Justicia federal la existencia de mafias que explotaban a los inmigrantes en talleres clandestinos. Las mismas habían sido denunciadas previamente al organismo que preside por Gustavo Vera, el titular de La Alameda. Al año siguiente, el tema tomó notoriedad pública cuando se incendió un taller clandestino en el barrio de Caballito y murieron seis personas de nacionalidad boliviana, cuatro de ellas menores.
Desde la Defensoría del Pueblo porteña, el abogado Mario Ganora se inmiscuyó en el tema con un equipo de cuatro personas. "A partir del testimonio de los trabajadores se pudo descubrir el sistema de neoesclavista de producción textil. Luego vinieron los allanamientos y otras medidas de pruebas que confirmaron la hipótesis que nosotros trabajamos. Por delante nos queda profundizar las tareas para transformar este sistema que debe ajustarse a las normas legales", expresó a este medio el letrado con militancia partidaria en el Partido Socialista.
"El Gobierno porteño asume el compromiso institucional de combatir el trabajo esclavo, luego de la lamentable incendio de Luis Viale, y vuelve una nueva etapa de allanamiento. La etapa más ardua fue convencer a las autoridades nacional y locales que no es un hecho aislado sino un sistema de producción instalado en la Ciudad", explicó Ganora.
"Esto data -señaló el abogado- por lo menos del año 1999, cuando el defensor adjunto Alejandro Nató señaló, como el decía, el ‘sistema semiservil’ en la producción indumentaria como la construcción. Nató veía que la Ciudad debía asumir el rol de policía del trabajo, pero hasta que no hubo presión de la opinión pública, el poder de policía no se traspasó".
