En la mañana de este miércoles, un hombre murió como consecuencia del derrumbe de una casa ocurrido en el barrio de Caballito. El inmueble, ubicado en Donato Álvarez y las vías del ex ferrocarril Sarmiento, pertenece al Gobierno de la Ciudad, tras haber sido expropiado a sus antiguos dueños en 1982.
Se especula que la antigüedad del edificio y las vibraciones que produce el paso del tren podrían ser las causas de la caída. También se indicó que sobre la terraza del edificio había construcciones, posiblemente clandestinas, que podrían haber incidido con su peso en el derrumbe. Sin embargo, habrá que esperar a los resultados de las pericias para conocer las verdaderas razones de la tragedia.
Desde el partido Compromiso para el Cambio, que postula a Mauricio Macri a jefe de Gobierno, consideraron que el derrumbe se debió a la "desidia" del gobierno de Aníbal Ibarra. El coordinador de los equipos técnicos de la agrupación, Jorge Macri, afirmó que "hay una doble responsabilidad de Ibarra frente a este hecho, en primer lugar porque esta vivienda era propiedad del gobierno porteño desde 1983 cuando fue expropiada a sus antiguos dueños tras un juicio. Y porque, además, no se han cumplido los controles y las inspecciones correspondientes, pese a que vecinos de la zona alertaron sobre los riesgos existentes".
En contra de estas declaraciones, desde la Secretaría de Gobierno y Control Comunal porteña negaron a NOTICIAS URBANAS que hubieran recibido denuncias de los vecinos. A su vez, el director general de administración de bienes del Gobierno porteño, Federico Zugasti, explicó a este medio que "el edificio fue expropiado en julio de 1982 por la Municipalidad de Buenos Aires, con el objetivo de ampliar Donato Álvarez, tras un fallo del juez nacional en lo civil Carlos Raúl Ponce".
Luego de la expropiación la casa fue ocupada ilegalmente pero, en 1991, la Municipalidad regularizó la situación de los inquilinos a través de un convenio en el que se les otorgó la tenencia precaria del inmueble a cambio de su mantenimiento y del pago de un canon social y de los servicios. A partir de 1992 éstos entraron en mora y la Ciudad inició los respectivos reclamos administrativos, que luego derivaron en un juicio por desalojo, que tuvo un fallo favorable al Gobierno porteño. Sin embargo, la sentencia aún no se ejecutó y, al momento del derrumbe, la Secretaría de Desarrollo Social se encontraba buscando una solución habitacional para los futuros desalojados.
"Durante un relevamiento de los edificios que tiene el Gobierno de la Ciudad los ocupantes no permitieron ingresar a los inspectores a la casa", sostuvo Zugasti, quien agregó que "no recibieron denuncias sobre la existencia de construcciones clandestinas sobre el techo" de parte de los vecinos. Se estima que el Gobierno de la Ciudad tiene alrededor de 5.900 inmuebles bajo su propiedad.
