Pese a que iba a tratarse el 30 de noviembre, la sanción del Presupuesto 2007 postergó la llegada al recinto del proyecto Buenos Aires, Ciudad Productiva hasta este jueves. Tal como informó oportunamente NOTICIAS URBANAS, los miembros de las Comisiones de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico de la Legislatura porteña no se pudieron poner de acuerdo y elaboraron dos propuestas diferentes sobre el tema que ya tuvo sanción inicial y audiencia pública. Para su aprobación definitiva son necesarios 31 votos positivos.
Por un lado, el proyecto mayoritario que respecta en gran parte la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo pero elaborada por el por el Centro Argentino de Ingenieros en el marco del Consejo del Plan Estratégico (COPE). Este despacho es promovido especialmente por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano Álvaro González (Juntos por Buenos Aires), el resto del macrismo y algunos diputados del Frente para la Victoria.
El mismo introduce cambios en los criterios de ordenamiento de las diferentes actividades productivas en la Ciudad para evitar la expulsión de las empresas del distrito y para otorgar un marco de mayor legalidad a aquellas que, pese a no ser nocivas para el medio ambiente ni para la convivencia social, no cumplen con el Código de Planeamiento vigente desde 1977. Es decir que, en lugar de limitar la instalación de las empresas por distrito de zonificación y superficie máxima cubierta, utiliza criterios ambientales que permiten evaluar la tecnología empleada y el grado de impacto ambiental que generarían o generan en el lugar de localización.
Mientras que, por el otro, se encuentra el dictamen de minoría respaldado básicamente por la diputada del ARI Teresa de Anchorena, Recrear y un sector del kirchnerismo. Esta propuesta sustituye el cuadro de usos; incluye la posibilidad de que el Consejo del Plan Urbano Ambiental pueda evaluar la conveniencia de localizar nuevos usos con superficies mayores a las permitidas; suprime los límites máximos del tamaño de las parcelas en lo que respecta a los usos no conformes; crea un Registro de Actividades Industriales y una Comisión Interfuncional para la Promoción Industrial, entre otras cosas.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Ana María Suppa (Frente para la Victoria), declaró que "a la luz de la reactivación industrial que experimentamos a escala nacional, es necesario adecuar el viejo Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad a las nuevas tecnologías de menor impacto ambiental". Sin embargo también sostuvo que "bajo ningún punto de vista se puede permitir la cuasi eliminación de los cuadros de uso que regulan la localización y la superficie ocupada por cada fábrica o taller, sin dañar irremediablemente la convivencia con los vecinos".
Suppa manifestó que "debemos pensar en una ciudad inclusiva" y confirmó su respaldo al dictamen de minoría sobre esta ley que propicia la legisladora Teresa Anchorena. En cambio opinó que el dictamen de mayoría elaborado en tal sentido "no guarda el necesario equilibrio que debe mantenerse entre el deseable estímulo a la producción y por lo tanto al empleo, y el debido respeto a los derechos de los vecinos a vivir sin olores ni ruidos que
perturben su paz y su salud".
La legisladora señaló por último que "esta ley es sólo un punto de partida en la materia, porque todavía no debatimos qué perfil productivo es el más conveniente para la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tras años de discusión sigue careciendo de dos normas directrices fundamentales: el Plan Estratégico y el Plan Urbano Ambiental".
En similar sentido, la diputada lopezmurphista Marta Varela respaldó la postura de Anchorena y manifestó que "el sentido de la zonificación de nuestro Código de Planeamiento Urbano es, precisamente, agrupar tipos de usos del suelo urbano compatibles y lograr una distribución acorde de las actividades, que permitan un mejor desenvolvimiento de la vida en la Ciudad. El proyecto original desbarata profundamente dicho modelo y torna sin sentido la zonificación de la ciudad en distritos".
A lo que agregó en su observación: "La sustitución del cuadro de usos que se dispone genera una desigualdad muy notable, dado que estaría permitida la actividad industrial en toda la Ciudad al no regirse ya su localización por distritos de zonificación, pero no utiliza el mismo criterio para los demás usos. Asimismo, la Ley 123 de evaluación de impacto ambiental no puede ser la única herramienta para aprobar la localización de las actividades industriales, porque su procedimiento está íntimamente unido al cuadro de sus que se pretende derogar".
