El domingo pasado, el matutino porteño Clarín publicó una entrevista con el subsecretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Eduardo Thölke, en la que éste expresó que, ante la falta de recursos, la Policía sale a pedir coimas a cambio de tolerar la prostitución ilegal en las calles porteñas. Según Thölke, los policías no lo hacen para enriquecerse, sino por la falta de fondos para cumplir con sus funciones.
Frente a estas declaraciones, Jorge Enríquez, vicepresidente 1º de la Legislatura porteña, contestó que "si Thölke afirma que conoce la presunta comisión de un delito por parte de miembros de la Policía, su deber es hacer la pertinente denuncia judicial, porque en caso contrario estaría él mismo incurriendo en un delito: el de violación de los deberes de funcionario público".
Desde el despacho de Enríquez afirman que el diputado "hizo hincapié en que no existe una corrupción mala que es cuando los fondos recaudados se emplean en beneficio de los delincuentes que cometen ese tipo de delitos y que – como deja entrever Thölke en sus declaraciones a la prensa – haya una especie de cohecho permitido, cuando ese dinero se destina a cubrir necesidades institucionales como la carga de combustible en los patrulleros".
"Esta situación de inseguridad que viven los vecinos – advirtió Enríquez – no se soluciona con acusaciones sin fundamento, ni con la derivación de responsabilidades. Es necesario dotar a la Policía de las herramientas legales necesarias para combatir este tipo de infracciones, que perjudican a los vecinos, y para que puedan ejercer un control estricto para evitar actos de corrupción".
Enríquez también cargó contra el Código de Contravenciones
El legislador también explicó que en los diez primeros meses del año se labraron 38.837 actas de infracción al Código, por el artículo 71 "Alteración de la Tranquilidad en la vía pública" y que éstas representan el 51.98 % del total de las actas labradas en igual período, y que sólo fueron sancionadas una cifra inferior al 3 %. Enríquez también agregó que esta situación se produjo porque según las normas procésales locales, para probar un hecho de oferta de sexo en la calle hacen falta pruebas fílmicas, fotográficas, dos testigos y una serie de requisitos prácticamente imposibles de cumplir.
Además, el legislador radical señaló que ya presentó un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo de la Ciudad con el fin de que el subsecretario de Seguridad porteño brinde a la Legislatura todos los detalles de la presunta organización delictiva que según lo manifestado a la prensa por él mismo, y hasta ahora no desmentido existiría dentro de la Policía Federal, y que tendría por fin la obtención de fondos de contraventores para destinarlos a financiar gastos corrientes de las comisarías de la ciudad de Buenos Aires, que no son cubiertos por el Gobierno Nacional.
Por último, Enríquez instó a reformar cuanto antes el Código Contravencional, porque según él es lo que los vecinos reclaman hace más de dos años.
