La Justicia porteña lanzó este miércoles las Primeras Jornadas de Presupuesto Participativo "en el camino por una Justicia porteña mejor, donde la participación ciudadana es necesaria para la formulación y planificación de la Política Judicial".
El acto de apertura estuvo a cargo de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Carla Cavaliere; del consejero y actual presidente coordinador de la Comisión de Política Judicial, Germán Garavano y de Horacio Corti, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y especialista en Derecho Presupuestario.
Al evento asistieron funcionarios judiciales, miembros de la Legislatura y público en general y se desarrollaron tres paneles en los cuales se explicaron los programas de aplicación del presupuesto. En el primer panel, Cavaliere expuso una reseña histórica de las experiencias de los presupuestos participativos en los distintos países y Corti disertó sobre las dificultades y obstáculos para sortear para la aplicación concreta del Presupuesto Participativo.
En el segundo panel, Garavano habló sobre las distintas modalidades de la elaboración del presupuesto en los poderes judiciales y las nuevas tendencias de la toma de posición que están tomando los gobiernos judiciales de la planificación. Presentó indicadores presupuestarios de la Justicia de la Ciudad y de otros poderes judiciales nacionales.
Luego, se elaboraron dos talleres para abrir el debate sobre los programas que, actualmente, se están llevando adelante en la órbita del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. En el primer Taller de Tecnología e Informática se discutieron distintos programas realizados en el contexto de dicho organismo, como la implementación del sistema informático de gestión, el desarrollo de programas de gestión de calidad en la Justicia, el fortalecimiento de la Justicia Contravencional y de Faltas.
En cuanto a la implementación del sistema informático de gestión, se preguntó si era posible extenderlo al ámbito de las comisarías, permitiendo ingresar a la página de denuncias del Consejo de la Magistratura. Esta cuestión resultó importante, al decir de un participante de la zona de Recoleta, el cual planteó que, en muchos casos, no realizan las denuncias por los obstáculos que ello implica. Esta cuestión podría subsanarse con un sistema vía web que permita hacer la denuncia sin movilizarse y, a su vez, el seguimiento. Este sistema permitiría, además, conocer cuales son las zonas mas conflictivas en función del tipo de delitos o contravenciones. Asimismo, se planteó que existen denuncias frecuentes que podrían facilitarse mediante la habilitación de la posibilidad de hacerlo vía web, como ser la denuncia del robo del celular, o actas de choque.
Uno de los participantes preguntó el grado de avance en la implementación de la firma digital. El representante del área de Informática del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Eduardo Spotorno, informó que la aplicación se encuentra en vía de desarrollo y que los sistemas de gestión elaborados por el área, están preparados para ser firmados digitalmente. Esto se ve complementado por un proyecto para dar firma digital a los abogados particulares intervinientes en los procesos en trámite ante la ciudad, en un mediano y largo plazo.
En el segundo Taller sobre Acceso a la Justicia se discutió sobre cómo acercar la Justicia al ciudadano. Se señaló que uno de los problemas es que el ciudadano no sabe que existe la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Se concluyó que, en términos generales, las políticas aplicadas carecen de un diagnóstico empírico sobre las necesidades concretas de la gente.
Según los organizadores del evento, "éste es un camino que, actualmente, tanto el Consejo de la Magistratura como la Subsecretaría de Justicia está transitando. El primero en el marco de un proyecto de Acceso a la Justicia, donde se indagó a informantes claves del sistema judicial sobre la problemática con el objetivo de elaborar una encuesta a los usuarios. Asimismo, la Subsecretaría de Justicia está elaborando un proyecto orientado al monitoreo de la Justicia a partir de la opinión de los usuarios".
Luego se discutió el rol de los Tribunales Vecinales, que acercarían al ciudadano la posibilidad de llegar a resolver sus conflictos de manera más eficaz y cerca de sus hogares. En estos proyectos se está planteando la cuestión de la celeridad del procedimiento y el patrocinio de los ciudadanos, y conllevarán la simplificación de los procedimientos, de modo tal que las personas peticionen sus derechos ante un magistrado sin mediadores profesionales.
Otro de los problemas debatidos fue la comunicación entre el área jurisdiccional y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de los resultados de las entrevistas elaboradas por el área de Política Judicial, se identificó una distancia entre el Consejo y el área jurisdiccional.
Se acordó que debería trabajarse en la elaboración de línea de comunicación institucional dentro del Consejo de la Magistratura, ya sea a nivel interno (entre el área jurisdiccional y el Consejo), como a nivel externo (con otros organismos). En este último punto, se propuso la necesidad de generar un proceso de articulación entre los distintos poderes, ya que ningún poder se puede arrojar el derecho de la producción de políticas judiciales. Se encomendó esta tarea al área de Política Judicial del Consejo de la Magistratura.
En cuanto al acceso a la información, el Consejo de la Magistratura provee poca información acerca de la normativa y la reglamentación de los concursos. En el Consejo de la Nación se cuenta con recursos disponibles en Internet acerca de cómo concursar pero no sucede lo mismo en el Consejo de la Ciudad. Asimismo, se señaló que también se dificulta la búsqueda de las resoluciones del Consejo.
El cierre estuvo a cargo de Juan José Pi de la Serra, asesor metodológico del Plan Estratégico del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, quien concluyó que las experiencias de Presupuestos Participativos son importantes, ya que abren canales directos de participación de los actores sociales dentro de la definición de políticas de Estado.
