Si se tienen en cuenta los datos del Censo 2010, se estima que el 11 por ciento de la población de la Ciudad ?alrededor de 300 mil personas? no gozan del derecho a una vivienda adecuada. Se trata de 300 mil hombres, mujeres, chicos, chicas, ancianos que viven entre chapas, en hoteles desvencijados; mudados como bultos de un lado a otro o, directamente, teniendo que pasar sus días y sus noches en algún recoveco que encuentren por la calle.
En sintonía con este panorama, la Defensoría de la Ciudad fue requerida como mediadora en numerosos casos de personas que veían amenazado uno de sus derechos más básicos. ?La incertidumbre legal y operativa que surge de la inexistencia de una política de vivienda articulada entre los organismos responsables (IVC, Unidad de Gestión e Intervención Social ?dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico?, Corporación del Sur y Ministerio de Espacio Público) deviene en la ausencia de soluciones efectivas?, concluyeron desde el organismo.
Los desmanejos en lo que respecta a las acciones que tienden a garantizar o mejorar el derecho a un techo digno se replican en la Ciudad; en distintos puntos donde prima la ausencia del Estado se da lugar a una postal triste e incontrastable. Un claro ejemplo se da en la Villa 21-24, donde viven 45 mil personas. Allí, el servicio eléctrico se presta de forma interrumpida, resultando deficiente y riesgoso. Un informe técnico determinó que existe una situación de peligro general e inminente para los bienes y vecinos.
En la Villa 1-11-14 el riesgo no está en los cables. Pero sí en el severo déficit con relación al agua potable, energía eléctrica, salud, educación, vías vehiculares, transportes y comunicaciones. La Defensoría dio lugar a denuncias sobre la también escasa intervención del Gobierno local para combatir roedores y mosquitos.
Dentro de la vulnerabilidad, los discapacitados resultan aún más desamparados. Como ejemplo, sirve el caso de un grupo familiar, residente en el Núcleo Habitacional Zavaleta, compuesto por cinco personas, una de las cuales tiene una discapacidad motriz. Todos conviven en una única habitación. Oportunamente, el IVC informó que el grupo familiar sería adjudicatario de una vivienda, en el marco de la Operatoria de Renovación Urbana del NHT Zavaleta. A pesar de que el grupo familiar cumplió acabadamente con los requisitos establecidos por la administración, siguen sobreviviendo como siempre.
Pagan pero igual no tienen
La Defensoría también tomó conocimiento de las denuncias presentadas por vecinos que resultaron preadjudicatarios del Programa Habitacional Casa Amarilla, sin que a la fecha se haya materializado su derecho de acceder a una vivienda. 3.776 inscriptos quedaron afectados y un amparo judicial determinó que el Plan Vivienda Casa Amarilla y/o Programa Viví en tu Casa tendría prioridad en la adjudicación de viviendas a construir por el IVC en el barrio de la Boca. Pero a más de 3 años de esa medida, las casas no aparecen.
De igual modo, el organismo que ampara a los porteños inició una investigación sobre el destino de los 36 inmuebles que el IVC pretendía vender desconociendo o queriendo desconocer que estaban afectados a programas de viviendas sociales. Posteriormente, el presidente del IVC manifestó públicamente el desistimiento al requerimiento de la autorización mencionada.
Hasta la Defensoría también llegaron a reclamar 110 familias, organizadas en cinco cooperativas de vivienda, por irregularidades y demora de acceso a fondos, tanto para la adquisición de terrenos como para las regularizaciones dominiales e inicio de las obras programadas, pese a contar con una orden de desalojo judicial. Pero algo más grave sucedió en torno a la cooperativa La Lechería Limitada, incorporada al Programa de Autogestión para la Vivienda. Debido a las graves demoras en la ejecución de las obras, los vecinos permanecieron residiendo en una antigua fábrica de Villa del Parque (llamada La Lechería) en la que habitaban desde años anteriores. En 2008, los grupos familiares fueron desalojados judicialmente y trasladados a los edificios en construcción, los cuales no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad. En este contexto, un niño de cinco años falleció al caer de un balcón sin elementos mínimos de seguridad.
Algo similar sucedió con la cooperativa Antares, constituida por grupos familiares integrados por personas con alguna discapacidad, quienes refirieron que el IVC ?mediante la operatoria de créditos? les adjudicó 12 viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad. Los dictámenes técnicos expedidos por el mismo IVC desaconsejaban la adquisición de esas viviendas, y la precariedad de las mismas fue expresamente reconocida por ese organismo, al gestionar a favor de los grupos afectados su inclusión en el Programa Mejor Vivir. Sin embargo, el organismo no cumplió con los compromisos asumidos. Una situación análoga se dio en la Torre 4 del conjunto Urbano Cardenal Samoré, en Villa Soldati.
Salir de la calle, volver a la calle
Dentro de las herramientas de las que dispone el Gobierno de la Ciudad, se encuentra el programa que establece el otorgamiento de un subsidio mensual con fines habitacionales que cubre un máximo de diez cuotas. Pero los criterios para su aplicación no se basan ni en la lógica ni en la necesidad. Un ejemplo de ello es el caso de una familia que realizó las gestiones pertinentes, pudiendo acceder al subsidio habitacional y habiendo percibido un total de cuatro cuotas. Posteriormente y en atención a encontrarse nuevamente en situación de calle (constatada esta circunstancia por el programa Buenos Aires Presente, BAP), solicitó su reincorporación al subsidio habitacional. Pero si bien la situación no había cambiado, en esa oportunidad obtuvo una respuesta negativa por parte de la administración.
Al reglamentar el Programa de Atención para Familias en Situación de Calle, la repartición estipuló que el monto otorgado debe efectivizarse mensualmente a los beneficiarios. No obstante ello, los presentantes ?quienes acceden al cobro del subsidio a través de un depósito bancario a su nombre? denunciaron que el pago del beneficio se efectuaba de manera irregular. ?En este sentido, al no cumplirse con los términos previstos, el subsidio destinado a paliar la emergencia habitacional se aleja del objeto perseguido, por cuanto la demora en el pago pone en riesgo la estabilidad habitacional de la población beneficiaria, quienes muchas veces regresan a la situación de calle?, reflexiona el documento de la Defensoría. El organismo, además, debió mediar en el nombre de 35 grupos familiares (entre los que se encuentran 20 menores de edad) a los que se les había denegado el acceso al subsidio y serían desalojados de manera inminente del hotel en el que residían.
El Programa de Apoyo Habitacional (PAH) fue creado por decreto y destinado a los distintos grupos familiares que habían sido alojados en el marco de los Programas de Atención en Casos de Emergencia Individual o Familiar o Integrador para Personas o Grupos Familiares en Situación de Emergencia Habitacional, en hoteles de la Ciudad que se encontraban clausurados. Posteriormente, el alcance de la medida fue ampliado, llegando a toda la población alojada en hoteles en el marco de esos programas. Actualmente la administración local continúa con la obligación de brindar alojamiento transitorio a los beneficiarios.
Pero las deficiencias de construcción de los hoteles y el no pago por parte del Gobierno a sus propietarios pone entre la espada y la pared a quienes allí viven, entre lo que significa vivir en pésimas condiciones y con un locador que quiere cobrar lo que le corresponde. Si bien la Defensoría interviene en estas situaciones, en muchas circunstancias las familias son llevadas a un nuevo destino, pero en condiciones aún más precarias de las que intentaron escapar.
Desde la Defensoría también se apuntó al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad para que adopte las medidas conducentes a fin de dictar la reglamentación que garantice el normal funcionamiento del Programa de Apoyo Habitacional y la continuidad de la Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles, hasta tanto los beneficiarios encuentren alternativas que les resulten viables. Asimismo, se le solicitó agilizar los mecanismos correspondientes para dar respuestas a los pedidos de renovación del incentivo, altas, bajas y desgloses de beneficiarios del programa.
Imposible dejar a un lado los días de violencia e incertidumbre que se vivieron durante la ocupación del parque Indoamericano y otros espacios de la Ciudad. Desde la Defensoría relacionaron al caso el contundente documento y señalaron que el caldo de cultivo hacía tiempo venía gestándose: ?El importante incremento de los niveles de hacinamiento en las villas y asentamientos y una inflación desmedida de los alquileres en esos barrios precarios fueron los detonantes?. Mientras tanto, los desamparados de siempre siguen deambulando su angustia, la angustia de no tener un techo, entre pasillos, papeles, oficinas y promesas que esperan que por fin un día se cumplan.
