En su paso por la Legislatura, el ministro de Educación, Mariano Narodowski, no pudo explicar cuáles fueron los criterios que el Gobierno porteño utilizó para decidir a quién le correspondía una beca y a quién no. Sólo se limitó a decir que estos beneficios iban ser destinados a "todo aquel que los necesitara". Prometió análisis "socioambientales" para diagnosticar el estado de situación económico social de los alumnos después de que finalizara el proceso de otorgamiento de las becas, que el Ejecutivo de la Ciudad debió prorrogar por treinta días más, acorralado por las críticas. El diputado Martín Hourest cruzó al ministro con las palabras justas: "eso no es un diagnóstico, es una autopsia", sentenció. No es la primera vez que el gobierno del ingeniero Macri aplica esta práctica forense: ya lo hizo a los pocos días de la asunción, cuando borró de un plumazo a miles de contratados estatales argumentando que eran "ñoquis" y recién después llevó adelante un censo para comprobar quién trabajaba y quién no.
Narodowski zafó de la interpelación, pero deberá volver a dar explicaciones ante la comisión de Educación el próximo martes. El ministro argumenta que las partidas no disminuyeron, sino que se decidió reducir la cantidad de becas para aumentar sus montos a 600 y 800 pesos y destinarlas "sólo a quienes estén en condiciones de vulnerabilidad". De acuerdo. Si hay sospechas de clientelismo, es saludable tomar medidas. Hacer un "cambio cultural", como dijo Narodowski y darle más al necesitado. Pero volvemos a la cuestión de los criterios aplicados a la hora de otorgar y rechazar. Según denunciaron desde la oposición se les habría negado la beca a 1.200 personas que están bajo la línea de indigencia, a 12.500 que están por debajo de la línea de la pobreza y a 19 mil chicos cuyos hogares tienen un ingreso de 1.050 pesos, es decir, menor al mínimo estipulado por el Consejo del Salario en Argentina. Un caso ilustra como ninguno el paso de la tijera: en la escuela Carlos Mugica, a la que asisten preferentemente alumnos de las villas 31 y 31 bis, la administración Macri recortó las becas a la mitad, como si hubiera villeros ricos que no las necesitaran. También hubo bajas notorias en las escuelas de reinserción educativa y en los centros educativos de nivel secundario (CENS) creados por el programa "Deserción Cero" durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Y otra vez una explicación insólita: que los alumnos no presentaron las planillas de solicitud. Una explicación que no considera que, en esos casos, por tratarse de escuelas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, las gestiones anteriores otorgaban las becas en forma automática. Si el nuevo gobierno cambió la metodología, ¿cómo no comunicaron la novedad a los alumnos de manera tal de que nadie se quedara afuera?
La circular enviada a los colegios cuando estallaron las tomas, que estipulaba que los directores debían confeccionar un acta "en la que se consigne, en la medida de lo posible, los nombres de los alumnos que protagonizan la protesta", recuerda los oscuros años de la última dictadura militar. La explicación oficial es que no se trató de una acción persecutoria, sino que tenía como fin "avisar a los padres para que retiren a sus hijos" del colegio. Si éste era el objetivo, convengamos que, nuevamente, hubo otro gigantesco error de comunicación. Explicaciones tardías, explicaciones inverosímiles y falta de explicaciones es un combo difícil de digerir. Pero es un festín para la oposición.
"Una toma no es un pijama party" es la frase con la que el ministro de Educación condenó la manera en que los alumnos realizaron la protesta. La apreciación, altamente descalificadora, prefigura a los estudiantes como una manga de pavos que a los que se les da por tomar colegios para romper con la abulia adolescente. Seguramente, algunos se divertirán con la toma, pero para la mayoría de los alumnos que protestaron, la iniciativa fue y es un acto de compromiso. Narodowski, de joven, militó en el Partido Comunista. ¿Cómo se sentirá, íntimamente, el ministro, al tener que enfrentar una protesta que reclama por los derechos de los estudiantes desprotegidos? Sólo él lo sabe.
Desde el Gobierno porteño se criticó que, en algún caso, "50 alumnos" tomaran una escuela a la que asistían mil. Si seguimos este argumento, tampoco estuvo bien que grupos de hacendados decidieran cortar durante meses las rutas argentinas impidiendo el derecho constitucional al libre tránsito por el país. Y todos sabemos que si bien Mauricio Macri se llamó a silencio durante el conflicto del Gobierno nacional con el campo, el PRO apoyó activamente esas prácticas. ¿Qué mensaje, entonces, están dando desde el Estado a los chicos? Un discurso contradictorio, donde dos prácticas similares son valoradas positiva o negativamente según los intereses del que las califica. Un mundo sin reglas, donde todo puede ser posible, hasta la contradicción. Cuidando las formas, claro.
Podemos discutir si la toma es un modus operandi justo o no. O en qué casos lo sería. Pero, ¿por qué mejor no tomamos lo positivo del asunto? A los chicos los movió la solidaridad. La protesta no es por la beca que "me quitaron", sino por la que "nos quitaron" o por la que "te quitaron". Segundo punto: rescatemos el compromiso político. En la era de la indiferencia generalizada, de la decepción, del no me interesa la política porque todos los políticos son iguales, es alentador ver a un grupo de adolescentes organizándose, peleando codo a codo por lo que consideran justo, creyendo en un objetivo común. Solidaridad, compromiso. Establecer y reforzar el sistema de valores sociales es una función indelegable de la educación, más allá de la fría currícula académica. La historia de la dirigencia nacional está plagada de tipos expertos en matemáticas y flojos en estas cualidades. Los resultados de la ecuación los conocemos todos.
(PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 152, DEL 04/09/08)
